¿Qué tanta importancia tiene un exhorto del Congreso del estado al ejecutivo federal para se atienda tal o cuál asunto? Es muy relativa. Si acaso sirven para refrescar la memoria sobre un problema, y ahora y siempre ese tipo de planteamientos han sido regularmente ignorados por el destinatario.
Llama la atención el que en los últimos días la fracción mayoritaria de Morena en el legislativo estatal haya dado “palo” a dos propuestas de punto de acuerdo para exhortar a que se atienda la problemática que está impactando de manera severa a dos de los sectores productivos más importantes para Sinaloa, el pesquero y el agrícola.
El primero en el que se le pide al gobierno federal reconsidere la postura asumida en cuanto a suspender el subsidio al diésel marino, y el segundo para que se acelere el pago de la cosecha de maíz a los productores, partiendo de que solo se ha liquidado el 8.8 porciento de la producción estatal.
Nada del otro mundo. Muchos exhortos al ejecutivo federal y estatal han sido aprobados y enviados sin que pase absolutamente nada.
Era una buena oportunidad para que esos sectores productivos sintieran que no están solos en estos momentos tan difíciles por los que atraviesan, que tenían cuando menos el respaldo moral de sus diputados locales. La desaprovecharon en aras de evitar lo que según ellos sería mancillar la imagen del gobierno en turno.
Los que estuvieron en contra de la propuesta en la Comisión Permanente descalificaron a los ponentes y dijeron que deberían turnar las propuestas a estudio en las comisiones correspondientes. Como si guardar las formas y la legalidad les importara mucho.
Y decirlo desde luego que no una ocurrencia. El Congreso del Estado aprobó el 23 de enero de este año un punto de acuerdo pidiendo la destitución de la rectora de la Universidad Autónoma Indígena de México, Guadalupe Ibarra Ceceña, en una aberración jurídica para atender un capricho de la diputada morenista Beatriz Adriana Zárate, a la que se tuvo que dar marcha atrás días después.
Muchos aún no acaban de entender que la oportunidad de estar en el servicio público, y más desde un órgano legislativo, es un gran privilegio, una extraordinaria oportunidad para servir a los demás, no para satisfacer egos personales o convertirse en cómplices de omisiones o excesos en el resto de los poderes.
