Hay una pregunta que comienza a repetirse con mayor frecuencia en las conversaciones cotidianas: ¿ya está terminando la crisis de violencia en Sinaloa?
No es una pregunta fácil de responder. Tampoco admite una respuesta como verdad absoluta. La realidad nos obliga a reconocer matices, porque los datos y la percepción social parecen caminar, por momentos, en direcciones distintas.
Estamos a punto de cumplir dos años desde que esta crisis modificó la vida de miles de sinaloenses. Dos años en los que la población aprendió a vivir con incertidumbre, cambió rutinas, limitó horarios, dejó de salir por las noches y convirtió la prudencia en una forma de supervivencia.
Sin embargo, en las últimas semanas algo parece que está cambiando.
No porque la violencia haya desaparecido. Los homicidios continúan. Persisten las privaciones ilegales de la libertad, el robo de vehículos y otros delitos de alto impacto. Todos los días siguen registrándose hechos que recuerdan que el peligro permanece.
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Pero, al mismo tiempo, ocurre otro fenómeno que también merece ser analizado.
La población ha comenzado a regresar a las calles. Restaurantes, comercios, plazas y algunos espacios de convivencia muestran una recuperación gradual, especialmente durante la noche. No es un regreso pleno a la normalidad, sino una decisión colectiva de retomar parte de la vida cotidiana.
¿Por qué?
Porque la percepción del riesgo ha disminuido.
Los ciudadanos advierten que ya no son tan frecuentes los enfrentamientos entre grupos armados en las principales vialidades de Culiacán como ocurrió durante los meses más críticos. Esa percepción está fuertemente influida por el intenso despliegue permanente del Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública y las corporaciones estatales y municipales.
La presencia institucional se nota.
Y también se observan resultados operativos.
Las autoridades federales informan de aseguramientos constantes de armas, drogas, vehículos con reporte de robo y personas detenidas. La Fiscalía General del Estado reporta acciones contra delitos del fuero común y una disminución en algunos indicadores, como el robo a comercio. Son cifras oficiales que muestran una presión sostenida sobre las estructuras delictivas.
Sin embargo, sería un error concluir que la crisis terminó.
Lo que parece estar ocurriendo es algo distinto.
Sinaloa podría estar entrando en una fase de contención.
Es decir, un momento en el que el gobierno logra recuperar espacios públicos, limitar la movilidad de los grupos criminales y reducir los enfrentamientos en las calles, sin que ello signifique que la capacidad delictiva haya desaparecido o que la violencia haya sido superada.
La diferencia es importante.
Porque una menor frecuencia de hechos violentos en las calles no equivale necesariamente a una solución del problema.
Y mientras tanto, la sociedad se adapta.
Después de casi dos años, muchas familias simplemente ya no pueden seguir suspendiendo su vida. Los negocios necesitan clientes, los trabajadores requieren ingresos, los jóvenes desean recuperar espacios de convivencia y las ciudades necesitan volver a respirar.
No necesariamente porque ya se sientan completamente seguras, sino porque vivir indefinidamente bajo el miedo tampoco es una opción.
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Quizá esa sea la explicación más cercana a lo que hoy ocurre en Sinaloa.
No estamos frente al final de la crisis de violencia.
Tampoco en el momento más crítico.
Estamos en una etapa intermedia: una fase donde el gobierno parece haber recuperado parte del control operativo y la ciudadanía comienza a recuperar confianza, mientras la actividad delictiva continúa presente, desafiando a las autoridades.
La verdadera prueba todavía está por venir.
No se trata únicamente de mantener los operativos, sino de lograr que esa percepción de mayor seguridad termine convirtiéndose en una realidad duradera. Que disminuyan los homicidios, desaparezcan los “levantones”, se reduzca el robo de vehículos y que las familias vuelvan a salir por convicción, no por resignación.
