Adelantándose a los plazos que establece la ley electoral, a nivel nacional y también en Sinaloa, los partidos políticos iniciaron sus procesos internos para designar candidatos. Se emiten convocatorias y se registran aspirantes. Empieza de nuevo la competencia por el poder público, donde unas fuerzas se movilizan para mantenerlo y otras lo harán para recuperarlo.
Conforme a los criterios evanescentes de cualquier mercadotecnia política, en el mundo de las frases y los eslóganes ya se habla indistintamente de la defensa del pueblo y la soberanía; de la defensa de México; de la defensa de la libertad, la familia y la patria. Aparecen por todas partes las leyendas “es fulana” o “es este otro”. Todo es autopromoción partidista o personal, pero no aparecen por ningún lado las ideas fuerza, los proyectos transformadores y compromisos reales para hacer frente a los problemas cotidianos de la gente común, de las familias, empresas y los sectores productivos.
Sinaloa requiere la atención urgente a un cúmulo de problemas. Enfrentamos diversas crisis a la vez. Por la naturaleza y profundidad de los retos, se hará necesario redefinir algunos aspectos fundamentales en la relación que se tiene con el gobierno federal; cambiar aquellas políticas públicas que ya no están dando resultados; reformar instituciones de gobierno; romper viejas inercias y promover verdaderos cambios de fondo.
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Para avanzar y salir adelante se va a necesitar una clase política de mayor calidad, que aporte mejores resultados.
Sin duda, la seguridad pública es nuestro principal problema. Ya están por cumplirse dos años de una terrible crisis de violencia derivada del enfrentamiento entre facciones de la delincuencia organizada. Los costos humanos en materia de homicidios, feminicidios, desapariciones forzadas, robo de automóviles, desplazamiento de la población han sido enormes y lacerantes.
La presencia permanente de más de 10 mil efectivos militares en la entidad ha permitido cierta contención de la violencia, pero no ha logrado ser del todo exitosa ni tener la efectividad que se requiere. Las reuniones del Gabinete de Seguridad Nacional se han vuelto rutinarias, pero su trascendencia y eficacia real han disminuido con el paso del tiempo. Como ha sucedido en todo el país, la militarización de la seguridad pública ha crecido de manera notable, pero, junto a ello, se observa un marcado deterioro de las capacidades y recursos de las policías locales, que ya acusan muchos años de rezago y abandono institucional.
Este también es el caso de la Fiscalía General del Estado, una dependencia gubernamental estratégica pero inoperante, que no castiga el delito y mantiene oprobiosos índices de impunidad, por arriba del 90 por ciento.
La agricultura, nuestra principal actividad económica, ha venido a menos, ha perdido rentabilidad y se está descapitalizando.
Durante los últimos 8 años, la errática política agrícola del gobierno federal ha priorizado la atención a los productores de subsistencia del sur-sureste del país, pero ha retirado apoyos para la agricultura comercial que se desarrolla en el norte de la República.
En la próxima legislatura federal, se van a necesitar diputadas y diputados sinaloenses que de verdad luchen y logren etiquetar suficientes recursos dentro del presupuesto federal para apoyar la comercialización del maíz y otros granos que se producen localmente.
La estructura de costos de producción es otro serio problema, al cual, de manera inexplicable, nunca se le ha otorgado la atención debida. En Sinaloa, los costos de las semillas y los fertilizantes son más altos que en otros estados, como sería, por ejemplo, el caso de Sonora. Así como desde Palacio Nacional se ha convocado para mantener fijo el precio de la gasolina, de la canasta básica y más recientemente del tomate, lo mismo debería hacerse para controlar los costos de los insumos que ahogan la producción agrícola.
El campo sinaloense necesita transformarse. Debe aprender las lecciones de la agricultura en otros estados, donde la producción de cultivos como el aguacate, los limones y los arándanos se vende con una gran facilidad y enorme éxito, atendiendo a lo que los mercados demandan.
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Otro aspecto al cual ya se debe dar toda la atención política es el relativo al cambio climático. Aquí urgen acciones de adaptación y mitigación.
En Sinaloa, las sequías son cada vez más intensas y frecuentes; en los últimos años los niveles de las presas han sido muy bajos y limitan las superficies sembradas. Ya no basta con las acciones para renovar los grandes canales de distribución en los distritos de riego. La próxima proeza del campo sinaloense deberá ser lograr la total tecnificación del riego a nivel parcelario, en las 800 mil hectáreas que tenemos en la entidad. Ningún estado del país tiene esta cantidad de tierra irrigable.
Por el bien de todos, esperemos que los próximos gobernantes y representantes del pueblo de Sinaloa atiendan estos problemas impostergables y resuelvan estas crisis concurrentes.
