Dice el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, que está preocupado por la reducción de recursos para seguridad y educación contemplada en el proyecto de Presupuesto Federal 2021, y hay motivos para que lo esté.
También están preocupados, y por los mismos motivos, los agricultores, los pescadores, los ganaderos, los prestadores de servicios turísticos, los constructores y la mayoría de los ciudadanos.
Para educación y seguridad se eliminan programas tan importantes como el de Escuelas de Tiempo Completo y el de Fortalecimiento para la Seguridad, el Fortaseg.
El primero es de gran relevancia para la calidad en la atención a menores estudiantes de nivel básico y de importante ayuda para los padres de familia, y el segundo determinante para que municipios y estados adquieran patrullas y demás equipamiento en materia de seguridad.
En cuanto a las actividades productivas, diversos programas y apoyos se cancelaron desde el PEF para este año, y se continuó en la misma línea en la propuesta para 2021.
Se podría pensar, y se explicaría este tipo de decisiones, que éstas se toman a raíz de la emergencia sanitaria y económica generada por el COVID-19.
Pero no es así. Esa misma vía se siguió el año pasado, cuando todavía no tenían pandemia ni idea de que pudiera presentarse en los actuales niveles.
Es una tendencia del actual gobierno, que recibirá todo el apoyo de la mayoría legislativa, porque nada ha cambiado: el Presidente manda.
Se parte de la premisa de que entre más recursos a programas gubernamentales, como el cancelado de guarderías infantiles, más corrupción. Si no hay programas y no hay dinero, no hay corrupción, cuando lo que se requiere es un exhaustivo control de esos recursos públicos, una permanente auditoría de su manejo.
Pero mucha relevancia política tiene la centralización de la entrega de los apoyos y la personalización de los mismos.
Viene un año difícil para el sector público y privado.
