Después de varios meses de negociaciones, finalmente se acordó pagar un precio de 6 mil pesos por tonelada de maíz. No es un precio para celebrar o lanzar campanas al vuelo pero si posibilita una rentabilidad mínima, verdaderamente limitada para la mayor parte de los 25 mil productores sinaloenses.
El prestigiado especialista en mercados agrícolas, Samuel Sarmiento, hace números y nos presenta algunas cuentas que nos permiten entender el momento, una circunstancia complicada donde prevalece el malestar. Se parte de un costo de producción de 53,474 pesos por hectárea. Con un rendimiento promedio de 10 toneladas y un precio de 6,000 pesos se alcanza un ingreso total de 60,000 pesos por hectárea, esto es, una modesta ganancia de 6,526 pesos.
En el caso de un productor que siembra una superficie de hasta 10 hectáreas obtendría una utilidad total de 65,260 pesos. Es una ganancia realmente muy pobre, que significaría un promedio de 5,438 pesos por mes. En Sinaloa, el 49% de los productores de maíz tienen 10 hectáreas o menos. De aquí se explica el enorme descontento que prevalece en el campo.
Por supuesto, pagar un precio de 6,000 pesos por tonelada de maíz no implica una solución de fondo a los complejos problemas que enfrenta la agricultura. Representa una solución que resuelve parcialmente los problemas del actual ciclo agrícola, pero los problemas estructurales van seguir presentes.
Los bajos precios internacionales; los elevados e imparables costos de producción; la sequía recurrente; la equívoca política agrícola del gobierno federal seguirán afectando la rentabilidad de este sector estratégico.
Desde 1994, cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se acordó la libre importación de granos básicos y a partir de entonces los grandes industriales los pueden comprar a Estados Unidos, sin pagar arancel y a un bajo costo. En julio del 2020, cuando se renegoció este acuerdo entre los presidentes AMLO y Donald Trump, no se cambió esta cláusula. Ahora que otra vez se vuelve a renegociar el TMEC, este tema no aparece en la agenda y no se ha abordado en lo absoluto.
Para este 2026, se aprecia bastante complicado poder cambiar las condiciones del TMEC que lastiman al campo mexicano. La actual relación política con Washington es realmente tensa y como siempre, sumamente asimétrica. Pero lo que sí es posible, está a la mano y depende totalmente de consideraciones internas, sería poder cambiar, revisar la política agrícola del gobierno federal.
Desde el 2019, con el gobierno del presidente AMLO se relegó a la agricultura comercial, particularmente la de granos básicos que se desarrolla en el norte de la República. Durante el pasado sexenio y también en la actual gestión de la presidenta Sheinbaum, la mayor parte del presupuesto federal se orienta a favor de los productores del sur-sureste, que producen principalmente para el autoconsumo.
Habría que revisar estos sesgos. En el pasado, durante aquellos gobiernos neoliberales que ahora tanto se cuestionan, siempre existió una importante partida dentro del presupuestal federal para apoyar la comercialización agrícola. Era un mecanismo presupuestal no exento de problemas pero funcionaba.
Así se apoyaba a los productores de trigo, de Sonora;
A los productores de frijol, de Zacatecas;
A los productores de sorgo, de Tamaulipas;
A los productores de maíz, de Sinaloa.
Esta partida federal para la comercialización agrícola desapareció hace ya más de siete años y ahora, con las últimas decisiones se abre otro rumbo preocupante.
Desde la SHCP y la SADER, ahora se les pide a los gobiernos estatales que pongan dinero propio, recursos de su presupuesto estatal para apoyar los precios agrícolas. Esta medida empezó a aplicarse en la zona del Bajío, en el ciclo agrícola Primavera-Verano del 2025, para resolver también un problema en la comercialización del maíz.
Esto no parece ser lo más justo. Todos los gobiernos estatales enfrentan fuertes presiones de gasto en materia de educación, salud, pensiones, seguridad y obra pública. Asignar ahora una parte del presupuesto estatal para apoyar los precios agrícolas, necesariamente limitará los recursos para atender estos renglones.
Ahora, como parte del acuerdo establecido con el gobierno federal para contribuir al pago de los 6,000 por tonelada de maíz, se informa que el gobierno de Sinaloa tendrá que invertir 1,400 millones de pesos.
Ante las adversas circunstancias que se enfrentan, este es un esfuerzo que socialmente se justifica y se comprende, pero no parece ser lo más justo.
¿Qué se podría hacer para cambiar esto?
Entre otras cosas, las y los legisladores de Sinaloa, los diputados federales y los senadores de la República que nos representan en el Congreso de la Unión, deberían unirse y organizarse para hacer un planteamiento integral, que cambie y le den un viraje de 180 grados a estas erráticas decisiones de política pública.
