Desde 1977, todos los países miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se reúnen para dialogar y acordar la Agenda Regional de Género.
En esta agenda se discuten y establecen acuerdos fundamentales que permiten integrar una visión intergubernamental, guía para que los países fortalezcan sus políticas públicas en torno a la igualdad de género, el respeto a los derechos humanos, la autonomía de las mujeres y la construcción de sociedades más justas e igualitarias.
La semana pasada, del 12 al 15 de agosto, se celebró la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, con el tema: “Las transformaciones en los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental para impulsar la sociedad del cuidado y la igualdad de género”.
Por primera vez, este evento se realizó en México bajo la conducción de la primera presidenta mujer, Claudia Sheinbaum, quien tiene la oportunidad de pasar a la historia como una líder que privilegió el avance y empoderamiento de las mujeres a través de la instalación de un sistema de cuidados que visibilice la importancia de que hombres y mujeres participen en igualdad de condiciones. Ella ha reconocido el valor de repartir equitativamente las tareas del cuidado y evitar que recaigan de manera desproporcionada en las mujeres, quienes muchas veces deben renunciar a sus trabajos para atender el hogar.
En el marco de esta conferencia, la CEPAL, ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo elaboraron el documento “El Derecho al Cuidado en América Latina y el Caribe: Avances normativos”, cuyo objetivo es impulsar reformas legislativas y políticas que garanticen este derecho.
El derecho al cuidado ya forma parte de los derechos fundamentales reconocidos internacionalmente. Su inclusión representa un paso hacia una transformación profunda que reconozca los vínculos entre economía, sociedad y medio ambiente. En este sentido, la llamada “sociedad del cuidado” significa una nueva forma de desarrollo y un eje prioritario para alcanzar la igualdad.
Reconocer el cuidado como un derecho humano implica avanzar frente a los roles tradicionales que asignan a las mujeres, casi en exclusividad, la función de cuidadoras. Así lo sostienen Pautassi, Gherardi y Zibecchi, quienes destacan que este reconocimiento debe sustentarse en un marco universal, interdependiente, indivisible y exigible en materia de derechos humanos.
En ese sentido, resulta indispensable implementar políticas públicas y priorizar el gasto público para atender esta problemática. La Asamblea General de la ONU proclamó el 29 de octubre como el “Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo”, a través de la resolución 77/317 (2023) y la resolución 54/6 del Consejo de Derechos Humanos, que subraya la importancia de los cuidados desde una perspectiva de derechos humanos.
Asimismo, la Conferencia Internacional del Trabajo aprobó una resolución sobre trabajo decente y economía del cuidado, convirtiéndose en el primer acuerdo tripartito que resalta la interrelación entre cuidado, igualdad de género, justicia social y desarrollo sostenible.
La Organización Internacional del Trabajo ha señalado: “Todas las personas deberían poder cuidar, ser cuidadas y ejercer el autocuidado”. En sintonía con ello, el Pacto del Futuro (septiembre 2024) reforzó el compromiso de aumentar inversiones para eliminar la brecha de género en la economía del cuidado. No hay duda: la pobreza y la desigualdad de género están estrechamente ligadas, y avanzar en sistemas de cuidado es una prioridad urgente.
En México, el 15 de noviembre de 2024 se reconoció en la Constitución que el Estado debe garantizar el derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres. Para lograrlo, es fundamental que existan políticas públicas que incorporen el sistema de cuidados como un pilar de la economía y la igualdad entre mujeres y hombres.
Un ejemplo de avance en la región son las licencias de cuidados de larga duración, que permiten atender a familiares enfermos o dependientes. En Costa Rica, Cuba y México, estas licencias son remuneradas y financiadas por la seguridad social. En Ecuador y Panamá, el costo recae en la parte empleadora, mientras que en Perú el financiamiento es mixto.
Entre las recomendaciones para los países de América Latina y el Caribe destacan: promover la licencia de paternidad remunerada e intransferible, equiparable a la maternidad en duración y financiamiento, e implementar marcos normativos que permitan compartir la crianza, garantizando que padres y madres ejerzan su derecho al cuidado sin temor a perder trabajo o ingresos.
Finalmente, alcanzar la igualdad de género requiere una organización social de los cuidados en la que exista corresponsabilidad. Cuando una mujer jefa de hogar no tiene con quién compartir esta responsabilidad, el Estado debe otorgar servicios de apoyo para que pueda trabajar y sostener a su familia.
