En Mazatlán se reúnen presidentes municipales electos para capacitarse sobre diversos temas, sobre todo relacionados con seguridad pública, créditos y finanzas. Y eso es bueno.
Además de atender esos rubros, deben capacitarse también para cumplir con lo que establece la ley sobre el manejo honesto de los recursos, la eficiencia y la transparencia.
Al final de cuentas a eso, entre muchas otras cosas más, se comprometieron durante sus campañas políticas para lograr respaldo popular expresado en las urnas.
No son pocos los alcaldes de Sinaloa que terminan sus gestiones, o las reanudan, en medio de serios cuestionamientos sobre su eficiencia y honestidad.
No todos han sido claros, por ejemplo, en la declaración de sus propiedades al inicio y al final de sus administraciones, incluso ocultando las mismas a la ciudadanía.
De eso debieron hablar en ese curso que recibieron.
Porque uno de los más grandes reclamos de la sociedad es la transparencia en el uso de los recursos públicos en todas las operaciones que hagan los gobernantes y sus equipos, y ante el hartazgo y justo reclamo, no se le debe seguir negando.
Esto no debe ser un acto de querer hacerlo o no. Lo que a muchos gobernantes se les pide en este tipo de casos, es a lo más elemental que están obligados. A rendir cuentas claras en el manejo de recursos que no son de ellos.
Y ha habido tanta arrogancia y cinismo en muchos gobernantes, que el medio cumplir con esa obligación lo asumen como una concesión y muestra de buena voluntad, y no como una obligación que por ley tienen.
Ojalá sea algo que los próximos gobiernos municipales prioricen.
