Se les olvida que la música también recluta.
El Ayuntamiento de Culiacán anda muy tumbado y muy alterado. Tumbado en su criterio. Alterado en su manera de entender la realidad social y de seguridad que vivimos no desde hace solo 20 meses, sino desde hace más de 7 años en el primer Jueves Negro o Culiacanazo. El Ayuntamiento de Culiacán no está frente a una polémica musical. Está frente a una contradicción pública: se quiere poner música donde falta una estrategia de verdad.
Por un lado, dice querer recuperar espacios, reconstruir convivencia, devolverle vida a la ciudad y ofrecer ambientes seguros para niñas, niños y adolescentes. Por el otro, decide acercarles, con recursos públicos y dentro de un evento infantil, a un artista cuyo universo musical convive con letras de misoginia, excesos y apología del delito.
La alcaldesa interina de Culiacán habló hace días sobre la inauguración del Mundialito Infantil, en particular sobre el joven cantante que amenizará el evento: “Estamos muy en coordinación con el equipo de trabajo, también del artista, para tener controlada esta parte. No todas sus letras son en este lenguaje tan explícito. Sabemos que puede darnos un buen show”.
Esta frase me incomodó. Si una autoridad reconoce que debe “controlar” – ¿censurar? – el show de un cantante pagado con recursos públicos, hay una problemática. Y más si lo está acercando a niñas, niños y adolescentes. El argumento de que “no todas sus letras” son explícitas nos dice que el criterio institucional está muy por debajo.
Culiacán ya tiene antecedentes. En 2022, durante un festival incluido en los festejos de aniversario de la ciudad y apoyado desde lo público, se presentó un artista que hoy representa una de las caras más visibles de los corridos tumbados. En el escenario aparecieron símbolos ligados al imaginario criminal. Después vino lo de siempre: el deslinde, la explicación, la “sorpresa” institucional.
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Y la contradicción no se queda en Culiacán. A nivel federal también aparece cuando se invita a figuras de los corridos tumbados a sumarse a programas que buscan promover canciones sin apología de la violencia. La intención se entiende: no basta con prohibir, también hay que disputar imaginarios. Pero la pregunta incómoda sigue ahí: ¿puede el Estado combatir una narrativa usando a los mismos símbolos culturales que ayudaron a volverla aspiracional?
Esta columna no es contra el cantante ni contra el género musical. No es contra la música regional mexicana. No es contra los corridos. No es un texto escrito desde el susto, desde la moralidad ni desde el escándalo fácil. Llevo más de quince años estudiando la música regional mexicana: la banda sinaloense, la música norteña, los subgéneros emanados de ellas, como el movimiento alterado y ahora los corridos tumbados; así como también sus circuitos transnacionales, su relación con la migración, la identidad, la industria, la nostalgia y el mercado.
Y por eso mismo hay que decirlo: los corridos tumbados no son solo canciones de moda. Son una industria millonaria, creciente, global, sostenida por plataformas, conciertos, colaboraciones, redes sociales y algoritmos. Son también una maquinaria de narrativas. Muchas de ellas, narrativas de éxito, exceso, pertenencia, poder, dinero rápido, violencia sugerida y estética aspiracional.
Aquí no estoy hablando de “prohibir corridos” o “defender narcocorridos”, la libertad de expresión es un derecho; la libertad de decidir qué escuchar es otro. Aquí, el problema del que hablo es cuando el gobierno decide pagar, promover y legitimar con recursos públicos a artistas cuyo universo creativo convive con símbolos que en Culiacán no son ficción.
Porque hoy ningún artista llega solo con las canciones que acepta cantar en un escenario. Llega con todo un imaginario que vende. Venden la pose, la ropa, el exceso, la fiesta, la mujer como adorno, el dinero rápido, el poder, la vida acelerada, la violencia sugerida, la pertenencia. La industria musical lo entendió. Lo empaquetó. Lo volvió rentable. Y además, llega con todo su mundo digital: videos, letras, colaboraciones, entrevistas, clips, frases, códigos visuales, apariencias, identidades, redes sociales, recomendaciones automáticas y algoritmos.
Tal vez por eso muchos niños, niñas y adolescentes ya lo conocen. Tal vez por eso jala. Tal vez por eso lo quieren los gobiernos. Pero una cosa es que el algoritmo lo acerque y otra muy distinta es que el Estado lo legitime.
El escenario puede durar una hora. El algoritmo sigue después.
Una niña, un niño o un adolescente puede salir de un evento público, buscar al artista y entrar a una estética completa donde el dinero rápido, la mujer como objeto, el exceso, la violencia sugerida y el miedo convertido en respeto empiezan a parecer parte de una identidad deseable.
Una canción no va a determinar la vida de alguien. Eso sería exagerado. Pero sí significa que la cultura construye aspiraciones. La música da lenguaje, pertenencia, modelos y símbolos. Y el crimen organizado entendió hace mucho algo que muchos gobiernos siguen fingiendo no entender: la cultura, la música, también recluta.
Cuando el Estado contrata a un artista, no solo paga un show. También presta legitimidad.
Culiacán necesita recuperar espacios, sí. Nos urge. Pero recuperar la vida pública no puede significar convertir en convivencia familiar aquello que forma parte de la herida. No vamos a resolver la violencia cancelando canciones. Sería ingenuo pensarlo. Pero también es ingenuo creer que la cultura no importa. Si los gobiernos quieren alejar a los jóvenes de la violencia, no pueden seguir prestándole el escenario a la fantasía que los acerca a ella.
Porque en Culiacán ya hemos puesto demasiados muertos como para que todavía tengamos que poner también el sonido, el escenario y la factura.
