En Sinaloa vivimos del agua, pero la pregunta que debemos hacernos no es si en el futuro inmediato habrá concesiones: es si habrá agua suficiente para sostener al campo.
Mientras se discuten los cambios en la Ley de Aguas, México enfrenta una crisis hídrica alarmante: 70% de sus ríos y lagos están contaminados y más de 9 millones de personas no tienen acceso al agua potable.
Esta realidad debería ser el punto de partida de cualquier reforma, porque legislar sobre el agua sin reconocer la magnitud del problema es como revisar el techo sin mirar primero si la casa sigue firme.
La discusión sobre la nueva Ley de Aguas no es un asunto técnico ni un intercambio de artículos entre especialistas. Es una conversación que toca la vida diaria de miles de productores.
Cada ciclo agrícola en Sinaloa depende de algo tan básico como incierto: la disponibilidad de agua. De ella depende más del 40% de la producción nacional de maíz y buena parte de las hortalizas que alimentan al país.
Por eso, cuando la pieza clave del sistema —las concesiones— entra a revisión en medio de una crisis hídrica nacional, la preocupación del sector no sólo es comprensible: es urgente.
Porque si el país ya enfrenta escasez, contaminación severa y presiones crecientes sobre las cuencas, cualquier cambio en las reglas del riego agrícola y en la estabilidad de las concesiones tendrá efectos inmediatos.
No es una discusión cualquiera; es una discusión que ocurre cuando el agua comienza a faltar. Y cuando el agua se vuelve incierta, todo se vuelve incierto: el acceso al crédito, la planeación agrícola, la rentabilidad de la tierra y, sobre todo, el futuro de las familias que dependen del campo.
¿Qué pasará si las concesiones dejan de ser estables, transferibles o heredables en un país donde el agua ya no alcanza?
Si eso ocurre, no cambiaría solo la relación jurídica entre el productor y el gobierno. Cambiaría el valor de la tierra, la capacidad de invertir y el horizonte de largo plazo del campo. Una parcela sin certeza de riego vale mucho menos.
México necesita una Ley de Aguas moderna, con visión de futuro y reglas claras para evitar abusos, especulación y desperdicios. Pero en estados agrícolas como Sinaloa, ese debate debe reconocer una realidad innegociable: sin certidumbre hídrica no hay productividad, no hay competitividad y no hay patrimonio que aguante.
