La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volvió a hacer de las suyas en la Ciudad de México: bloqueos, caos vial, plantones y una exigencia que, francamente, suena más a chantaje que a demanda legítima. ¿Cuál es el objetivo de las movilizaciones? Quieren echar abajo la reforma al Issste de 2007, desaparecer la Afore Pensionissste y regresar a un sistema de jubilaciones al 100 % del último sueldo, como si el dinero se diera en maceta.
Más allá de discutir si los reclamos son justos, no hay que hacerse bolas, todos queremos una vejez digna, pensiones suficientes y maestros bien pagados. Pero otra cosa es querer tumbar una ley con 18 años de antigüedad como si fuera cualquier cosa y hacerlo con presiones de bloqueos que dejan a millones de ciudadanos —y alumnos— como rehenes de una causa que ya ni siquiera defienden todos los maestros del país.
Sigue las columnas en la sección especial de Línea Directa
La CNTE no representa a todos los maestros ni mucho menos a la educación del país. Lo suyo es el activismo político, la presión callejera y ese colmillo político que sabe cómo doblarle la mano a quien esté en Palacio Nacional, sin importar el color del partido.
Lo peor que puede hacer el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ante las presiones de la CNTE es confundir prudencia con tibieza. Porque una cosa es dialogar y otra es dejarse doblar ante amenazas envueltas en consignas.
La postura del Gobierno Federal no puede ni debe ser ambigua. Ceder ante una exigencia de esta magnitud, impulsada mediante el colapso de la capital del país y la suspensión de clases, no solo sería injusto para el resto del magisterio que sí cumple con su labor, sino también peligrosamente irresponsable para el futuro del país.
Si hoy se permite que un grupo consiga revertir una política pública vigente desde hace casi dos décadas únicamente con base en presiones y bloqueos, ¿qué impide que mañana otro sindicato exija beneficios desproporcionados bajo la misma lógica? La gobernabilidad no puede fundarse en quién grita más fuerte ni en quién bloquea más calles.
El gobierno de la 4T está ante una decisión clave: o defiende con claridad el interés general o se abre la puerta a una cascada de exigencias incontrolables que, cuando estallen, no habrá reforma, presupuesto ni narrativa oficial que logre contener.
Y no hay que confundir, esto no es pleito contra los maestros. Es sentido común: la educación no puede estar al servicio del chantaje, y menos en un país donde millones de niños y jóvenes ya arrastran rezagos brutales como consecuencia de la pandemia y de un sistema que aún no alcanza a resolver las graves carencias que existen en las escuelas.
