En estricto sentido, la información que tenemos respecto a los dos hombres asesinados en el municipio de Chalco, Estado de México, a manos de una mujer adulta mayor es poca. Se viralizó un video; llega un auto, se baja una anciana y otro sujeto armado, y discuten acaloradamente con un grupo de personas. La pelicana mujer prepara su revólver, apunta a un hombre desarmado y jala el gatillo. Entre gritos y mentadas de madre sale otro hombre más joven; trata de ayudar al primer lesionado. Pistola en mano, la mujer atacante le apunta a la cabeza; el joven busca cubrirse entre otra mujer y el primer lesionado. Con mucha puntería y el doble de sangre fría, doña Carlota jala el gatillo, acertando un disparo mortal; el joven se desploma, se desangra y comienza una trifulca. Dos muertos en agresión a balazos, reportan medios locales.
Como sucede en estos casos, en cuestión de minutos el video se viraliza, comienzan las suposiciones y el escandalizado público toma partido de manera inmediata. Las primeras noticias afirman que los ejecutados eran parte de una red de “paracaidistas” u “ocupa casas”, personas que toman posesión ilegal de bienes inmuebles y que, ante la falta de justicia, Carlota N. tomó la decisión de ir por lo suyo a punta de bala. Otros dicen que, al menos uno de los fallecidos, era un moroso de alquiler, pero que había un contrato de arrendamiento de por medio, que no era una ocupación ilegal, sino un tema de rentas atrasadas.
La realidad es que nadie tiene certeza de nada; ningún medio de comunicación, columnista, opinador o vecino del lugar ha tenido a la vista la escritura consignada ante el registro público de la propiedad. Nadie sabe a ciencia cierta si existe tal contrato o se trata, en efecto, de un caso de despojo. Nadie sabe, ni le consta que la legítima propietaria del inmueble fuera la tal Carlota. Lo único cierto es que, por los hechos, hay dos muertos y varios detenidos.
Y las opiniones son diversas y divididas; algunos aplauden los asesinatos, los festejan y asumen que, ante la falta de justicia y la dilación de las instituciones, es totalmente justificable matar a los presuntos ofensores, máxime cuando se trata del despojo de la propiedad de una mujer adulta mayor. Otros nos seguimos preguntando si la justicia en mano propia es en realidad justicia.
En unos cuantos días la noticia será desplazada por otras; el escándalo de “La abuelita pistolera” pasará a segunda y tercera plana, para después aparecer como una borrosa memoria en el recuerdo colectivo, como los casos del “asesino de cumbres”, “la mataviejitas”, “el mochaorejas”, “la matabellas”, “el caníbal de Atizapán”, “la niña abandonada de Tultitlán”, “el chacal de las lomas”, “el monstruo de Ecatepec” o el famoso “Goyo Cárdenas”.
Más allá del penoso caso Chalco, la reflexión de este columnista está en el marco de la elección de jueces, juzgadoras y magistrados. ¿Qué pasará en casos mediáticos como este? En donde la mayoría de las voces parecen, sin juicio de por medio, aceptar y avalar el acto homicida. ¿Será que alguno de los candidatos se atreva a ir en contra de la opinión pública y a favor de la razón jurídica? ¿Los contendientes acomodarán el discurso para minimizar una conducta criminal? ¿Para ganar votos dictarían la inocencia de doña Carlota?
Estos serán los grandes temas en el futuro electoral del Poder Judicial y sus órganos. Pero no hay marcha atrás, la elección de juzgadores está en puerta y el proceso electoral no se va a detener; el primero de junio habrá elecciones, eso es un hecho irremediable. Yo estoy decidido a ir a votar; dentro de los perfiles buscaré candidatas y candidatos que resuelvan las dudas que dejan casos como este. Hombres y mujeres con trayectorias serias y formaciones probadas, que no se dejen llevar por las arengas y presiones populares o de grupo, pero de tal sensibilidad que entiendan que el origen de muchos delitos está precisamente en el antecedente de otras injusticias. Luego le seguimos…
