Diferentes, pero iguales

En febrero de 2008 Andrés Manuel López Obrador acusó al Secretario de Gobernación del gobierno de Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño, de tráfico de influencias para beneficiar a empresas de su familia con millonarios contratos en PEMEX.

El entonces Presidente no sólo defendió a su colaborador, sino que lo mantuvo en el cargo hasta el momento de su muerte en noviembre de ese mismo año, sin que nadie presentara una denuncia formal en su contra.

En septiembre de 2017 medios mexicanos publicaron una investigación de lo que llamaron “La Estafa Maestra”, en la que se denunciaban millonarios desvíos de recursos públicos a través de empresas fantasma, presuntamente orquestado por la Secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles.

El Presidente no solo sostuvo en el cargo a la involucrada, sino que públicamente le dio todo su respaldo en diversos eventos públicos, como ya lo había hecho desde 2013 con aquella famosa frase, “No te preocupes Rosario”, cuando fue acusada de desviar recursos del programa “Cruzada nacional contra el hambre” con fines electorales.

Robles está hoy en la cárcel consecuencia de denuncias formales del actual gobierno federal.

En diciembre de 2019 el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, fue denunciado en un documentado reportaje de enriquecimiento inexplicable y de ocultar todas sus propiedades en su declaración patrimonial como funcionario público.

El poblano recibió todo el respaldo del Presidente López Obrador, quien lo sostuvo en el cargo, y la Secretaría de la Función Pública de su gobierno lo exoneró solo unos días después de los señalamientos de corrupción y conflictos de interés.

Exactamente igual como lo hizo en su momento el anterior titular de la SFP, Virgilio Andrade, con Peña Nieto y su esposa por el caso “Casa Blanca”.

Por un caso muy similar al que generó la denuncia de AMLO contra Mouriño, hoy está involucrado un hijo del titular de la CFE, quien supuestamente ha sido beneficiado con millonarios contratos con el gobierno federal, entre ellos uno que lo involucra la venta de ventiladores necesarios para atender casos de Covid 19 a un alto sobreprecio.

López Obrador no está midiendo con la misma vara ambos casos. A este lo minimiza.

Y sobre las acusaciones contra el ex presidente Felipe Calderón, el mandatario afirma que “si la gente lo pide” se procederá en su contra. No, señor Presidente, la estricta aplicación de la ley no puede estar sujeta a una consulta pública. Es una obligación del Estado mexicano.

Sí, se dicen diferentes, pero actúan exactamente igual. 

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