Concluyó el proceso de selección de aspirantes, la Coordinación General Ciudadana del CESP presentó los 5 nombres; 3 mujeres y 2 hombres que merecidamente pasan a la siguiente etapa en la que el titular del Ejecutivo dejará sólo 3 para presentar al Congreso. Gracias al formato de datos abiertos, podemos conocer mucho más de las y los aspirantes al hacer públicos su hoja de vida, su trayectoria, su declaración patrimonial y conflicto de interés. Además, pudimos analizar el desempeño de cada uno en las comparecencias abiertas del proceso de selección. ¿De dónde vienen? ¿Cuánto ganan? ¿Qué negocio y patrimonio tienen? Aquí una reseña elaborada con los datos abiertos que se exponen en el micrositio del proceso de selección de la CG CESP, datos públicos y abiertos para consulta de todos.
Luis Nicanor Barajas Peregrina es candidato a doctor en Derecho por el ENECIPE, ha sido juez de control en el Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, agente del Ministerio Público Federal de la PGR, delegado del Consejo Tutelar para Menores, entre otros cargos. Dijo en su comparecencia que ha sido un buen juez, que en su historial de sentencias ha tenido decisiones difíciles y que su vida ha estado en peligro por múltiples amenazas. En su historia en el Poder Judicial, dijo haber dado la mayor sentencia en México a un feminicida. Declara remuneraciones por concepto de su trabajo en el servicio público, no tiene ingresos por actividad empresarial o comercial, no tiene negocios propios, y no participa como asesor o consultor privado. Declara tres propiedades de tipo casas habitación pagadas con ahorros y créditos hipotecarios, y una copropiedad, dice tener un auto propio modelo 2017 y algunos ahorros en cuentas nacionales.
Alma Luz Bernal es maestra en Derecho procesal penal acusatorio, titulada con honores, ha laborado como ministerio público en la agencia especializada en el delito de secuestro, y como docente de asignatura en la unidad a académica de la preparatoria diurna de la UAS. Mujer empeñada a su labor, que dedicó su vida al trabajo en una de las agencias que mejores resultados ha dado en Sinaloa, en la llamada “unidad modelo” antisecuestros. Ha sido también presidenta del Colegio de Abogadas de Culiacán. Declara remuneraciones por su desempeño docente y la pensión como servidor público de la agencia especializada. No tiene ingresos por actividad empresarial o comercial, no tiene negocios propios, y no participa como asesor o consultor privado. Tiene en propiedad un vehículo 2020 y no tiene en propiedad bienes inmuebles a su nombre.
Dámaso Castro Saavedra es licenciado en Derecho y ha sido abogado postulante y vicefiscal general del Estado de Sinaloa, ocupó temporalmente el cargo que dejó vacante el Dr. Ríos Estavillo hace unas semanas. Ha sido docente en la Facultad de Derecho y tiene experiencia en áreas operativas de la función ministerial. Declara ingresos por la remuneración laboral tanto como servidor público como docente. No tiene participación empresarial, ni de giro comercial, declara una propiedad tipo casa habitación y un terreno ambos en sociedad conyugal adquiridos con créditos hipotecarios, así como un vehículo modelo 2016.
Sara Bruna Quiñónez es licenciada en derecho desde 1982, ha sido jueza de control y enjuiciamiento del Poder Judicial en Sinaloa, ha trabajado en varios municipios como jueza en distintas materias, se le recuerda con cariño como una juzgadora justa, de nobles criterios sociales en el municipio de Escuinapa. Su plan de trabajo bien estructurado, así como una clara exposición de la situación que guarda la Fiscalía, fueron clave para ser seleccionada por las y los consejeros ciudadanos. Lo es también su intachable hoja de vida y servicio público, sus posturas firmes respecto a actos de corrupción, le han marcado un perfil de respeto en la comunidad. Actualmente declara ingresos por jubilación y 2 propiedades del tipo casa habitación adquiridas con crédito hipotecario, así como un vehículo modelo 2018.
Claudia Sánchez Kondo es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales desde 2009, ha sido administradora de la sede de justicia oral de la región centro en Sinaloa. Ha trabajado en el juzgado mixto como auxiliar general y en el área de informática y estadística, se ha desempeñado también como visitadora judicial para la supervisión en operatividad laboral a través de sistemas informático y en el área de recursos humanos. Declara ingresos anuales por remuneración del cargo público, pero no declara propiedades, ni vehículos por encontrarse en “copropiedad” con la pareja.
Tanto por lo expuesto en las comparecencias, como en lo presentado en el plan de trabajo y la información que tenemos de ellos, no me quedad duda que esta primera etapa organizada por la Coordinación General, cumplió y estuvo a la altura de lo que esperábamos. Ahora la tarea para seguir el camino de mayor apertura y transparencia, le corresponderá al Ejecutivo y al Legislativo, los ciudadanos que organizaron este primer filtro, ya les pusieron la muestra.
