Lo que está pasando en Sinaloa con este caso merece una discusión seria. No por el ruido en redes ni por el morbo político que siempre rodea estos temas. Lo que debería preocuparnos es lo que deja ver: el uso del poder institucional y los límites entre lo privado, la crítica política y la protección legal.
Hechos: hubo una conversación privada de WhatsApp entre dos personas. La denunciante no participaba en esa conversación. No era interlocutora. Era tema. Y aun así, esos mensajes terminaron convertidos en base de una denuncia por violencia política de género (VPG).
Hay un punto que no debe perderse de vista: esos mensajes no eran públicos. No estaban circulando en redes, no formaban parte de una campaña de desprestigio ni de una expresión política abierta. Eran conversaciones privadas que salieron de ese espacio porque una de las personas dentro del chat decidió enseñarlas.
Lo privado se volvió expediente.
El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) y el Tribunal Electoral local analizaron el caso y concluyeron que no se acreditaba violencia política de género. Sin embargo, la Sala Regional Guadalajara decidió revocar. Emma fue sancionada.
Aquí también hay algo que debe decirse con claridad: toda persona tiene derecho a sentirse agraviada e iniciar los procedimientos legales que considere necesarios. Eso forma parte de las garantías de cualquier Estado de derecho.
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Pero el contexto también importa: cuando quien denuncia es una figura que ha ocupado cargos públicos, que forma parte de estructuras de poder político y que además hoy percibe honorarios dentro de la estructura partidista o gubernamental, la balanza de poder deja de ser igual.
Porque entonces ya no estamos hablando únicamente de una persona que se siente agraviada, sino de alguien que tiene acceso a recursos institucionales, redes políticas y mecanismos legales que una ciudadana común difícilmente tendría.
El mensaje que queda es inquietante: incluso lo que decimos en espacios privados puede terminar siendo utilizado políticamente… y judicializado. Tu derecho a la privacidad, a la libertad de expresión, termina convertido en expediente.
Y eso inevitablemente despierta una sensación incómoda. Como si poco a poco empezáramos a vivir una versión tropicalizada de 1984, la novela de George Orwell, donde el “Gran Hermano” vigila cada palabra y donde todo puede ser observado, registrado y eventualmente utilizado.
Pero también viene a la mente otra imagen: Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Una sociedad donde todos pierden la vista, pero siguen caminando como si nada. Donde lo evidente se vuelve invisible porque resulta más cómodo no mirarlo. No podemos dejar de mirar lo que le está pasando a Emma. Porque es algo más que evidente: el abuso de poder.
Y el poder también se ejerce entre mujeres.
Las leyes sobre violencia política de género existen porque eran necesarias. Han costado años de lucha y buscan proteger a mujeres que realmente han sido agredidas o excluidas de la vida pública. Eso no está a discusión.
Lo que sí debe poder discutirse es cuándo esas herramientas empiezan a utilizarse dentro de disputas con fines políticos o de intimidación misma. Existe incluso un concepto estudiado desde hace décadas en psicología organizacional: el síndrome de la abeja reina. Investigadoras como Graham Staines y Carol Tavris lo describieron en los años setenta para explicar un fenómeno en estructuras dominadas por hombres: cuando una mujer que alcanza una posición de poder termina distanciándose de otras mujeres o utilizando la misma estructura que criticó para disciplinarlas o deslegitimarlas.
La política no es ajena a ese fenómeno. Cuando conversaciones privadas terminan convertidas en expedientes judiciales, el mensaje es claro: disentir o criticar puede tener consecuencias. Un intento de amedrentar a quien incomoda al poder.
Porque cuando lo privado se convierte en expediente judicial, el problema ya no es un chat. Es el abuso de poder.
