Camisas azules, manos negras es un libro que trata sobre el saqueo a Pemex desde Los Pinos; su autora es la periodista Ana Lilia Pérez.
No se trata solo de militantes de ocasión, que ingresaron a ese partido cuando percibieron que era una alternativa para incorporarse a la función pública y aprovechar los gajes que de ella se derivan, como lo fue durante décadas el PRI. La inclinación de miembros del PAN al latrocinio y al abuso alcanza hasta a los mejores, o quienes parecían ostentar ese título hasta que la indignación persistente de Ana Lilia los puso en su lugar.
Cesar Nava tenía 27 años de edad en octubre de 2001, cuando Raúl Muñoz Leos lo nombró director jurídico de Pemex, cediendo a las presiones de Diego Fernández de Cevallos. El senador tenía especial interés en contar con un operador dentro de la compañía, toda vez que algunos de sus clientes del despacho legal en el cual es socio del exprocurador Antonio Lozano García tenían litigios en curso con la paraestatal.
Cesar Nava duró poco tiempo su estancia en la oficina del abogado general de Pemex. Pero su huella es tan profunda que parece haber estado allí una eternidad. En poco menos de dos años —de octubre de 2001 a septiembre de 2003— protagonizó casos que en otras circunstancias lo hubieran llevado a los tribunales.
Contrató despachos jurídicos hasta por 250 millones de pesos, para que se encargaran de los asuntos más relevantes confiados a su desempeño. Al mismo tiempo, el rezago creció en esa oficina, al punto de que había veinte mil demandas laborales cuyos procesos estaban en curso.
En 1938, el general Lázaro Cárdenas del Río nacionalizó la industria petrolera que entonces controlaban empresas extranjeras como la Petroleum Company of California (hoy Chabron-Texaco), la Standard Oil Company (hoy Exxon-Mobil) o la Pebb Mex Oil Company (hoy Penzoil). Setenta y cuatro años después, irónicamente, otro michoacano volvió a abrirle las puertas al capital foráneo.
En una entrevista al periódico El Cambio, Cesar Nava Miranda evocaba dos rasgos característicos de su padre, Álvaro Nava Morales: la recia formación y su admiración por Lázaro Cárdenas. En forma velada, en 2002, César Nava Vázquez traicionó aquella herencia de su abuelo al dar los primeros pasos para entregarle la operación de la Cuenca de Burgos —la región productora de gas no asociado más importante del país— a seis trasnacionales que desde 2004 controlan la exploración y explotación en la zona, lo que marcó el regreso de compañías extranjeras a áreas que por mandato constitucional desde aquel 1938 eran exclusivas de Pemex.
Documentos internos de la paraestatal revelan cómo César Nava Vázquez, autorizó el diseño y la suscripción de los Contratos de Servicios Múltiples en beneficio de las petroleras transnacionales Repsol, Petrobras, Teikoku Oil, Techint, Tecpetro y D&S Petroleum. Ello, pese a que no tenía atribuciones para aprobar operaciones de tal naturaleza y a que sus subordinados le advirtieron que el modelo de contrato, diseñado por la firma Pricewaterhouse Coopers, violaba el artículo 27 constitucional, la Ley Orgánica de Pemex y su reglamento, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la mismas (LOPSRM).
El art. 27 de la Constitución dispone como exclusivo de la nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible del petróleo y sus derivados, ordenando de manera categórica que “tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólido, líquido o gaseoso no se otorgan concesiones ni contratos” para su exploración.
Aunque la administración foxista justifica los Contratos de Servicios Múltiples (CSM) con el argumento de que se trataba de un esquema orientado a la capitalización de Pemex, legisladores y analistas consideraron que en realidad significó el primer modelo de privatización de sectores que por mandato constitucional están reservados al Estado. Por ello, el ahora fallecido constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela demandó su nulidad absoluta en 2004.
