La crisis que ha estallado en el municipio de Guasave por la suspensión del servicio de recolección de basura por parte de PASA, la empresa concesionaria, es consecuencia de lo que jamás debe hacerse desde la administración pública. Es amarga la realidad, pero insoslayable la lección.
Forzaron las finanzas más allá de la capacidad del municipio. Descuentos en participaciones federales en automático para pagar diversos compromisos crediticios heredados, sumados al alto costo del pago a PASA, colocan una camisa de fuerza a las finanzas municipales al grado de que lo que llega no alcanza para cubrir satisfactoriamente otras obligaciones.
Concesionado el servicio desde 2001 por 15 años y renovado el contrato en 2017 por 5 más, a la empresa ahora se le deben casi 50 millones de pesos y el costo mensual se ubica en los 6 millones de pesos.
Las finanzas del municipio no dan para pagar el adeudo, ni para cumplir con el pago mensual, y lo que es más grave, tampoco para echar a andar un plan propio de recolección de basura con personal y maquinaria de la comuna.
Sospechosas ampliaciones de la concesión con su respetivo incremento en su costo, llevaron a la insostenible situación actual ese asunto.
Tan serio es el problema, que no se trata sólo de la suciedad o imagen urbana, sino ya de un latente riesgo sanitario, con el agravante de que el gobierno municipal no tiene con qué hacerle frente.
Si hoy es el caso de la basura en Guasave, mañana serán otros servicios y hasta el pago de los salarios de todos los trabajadores, funcionarios y hasta proveedores. En esa dirección se va, y sucederá pronto si no hay un rescate extraordinario.
Hay reglas elementales en la administración pública, que deben seguirse para evitar o atenuar crisis como la que se padece ahora, que no respetó el gobernante en turno y toleró convenencieramente la empresa.
Los alcaldes podrán echarle la culpa a una deficiente recaudación, a la reducción de participaciones federales, deudas heredadas, nóminas excesivas y altos sueldos, pero en realidad los severos problemas financieros que enfrentan más que nada tienen que ver con vicios y hasta irregularidades que se vienen arrastrando desde hace años.
Y han gobernado así porque no les duele. Finalmente no están manejando su dinero, sino dinero público del que si bien están obligados a rendir cuentas claras, nunca se les han exigido, y saben que los problemas que provoquen sus acciones, sean por corrupción o incapacidad, no tendrán consecuencia jurídica alguna.
Son pocos los que en Sinaloa se salvan. En varios municipios han sido la opacidad, la corrupción, el desorden y el despilfarro presupuestal, entre otros factores, los que han llevado a situación de crisis, al grado de quedar imposibilitados para cumplir con obligaciones tan elementales como la prestación de los servicios públicos y el pago de salarios.
Pese a todos los excesos no hay un antecedente de castigo a quienes han incurrido en acciones francamente delictivas o cuando menos de omisión, complicidad o irresponsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Impunidad absoluta.
La crisis que está reventando en Guasave, y la insolvencia financiera para enfrentarla, debe ser una alerta para el resto de los municipios.
