Los ayuntamientos son los órganos de gobierno y de la administración pública que mayores responsabilidades tienen respecto a la atención de problemas públicos de los ciudadanos. El municipio, que toma figura administrativa y gubernamental en el artículo 115 de la Constitución, otorga plenos poderes y personalidades a estas interesantes figuras que, en nuestra historia nacional, son incluso más antiguas que el Estado mismo.
México antes de ser una nación independiente, ya tenía una figura administrativa y política en los ayuntamientos. Los primeros de ellos, como cedes de la representación española en la política de la administración virreinal en el siglo XVI. Desde 1519 y hasta ahora, es decir 505 años después, las obligaciones de los ayuntamientos han cambiado poco.
Servicios de agua potable, drenajes y alcantarillados, alumbrado público, aseo y limpia, mercados y centros de abasto, panteones, rastros, calles, jardines, equipamiento urbano y espacios públicos, recolección de basura, tratamiento y disposición final de los residuos, seguridad pública preventiva y de primer contacto, son las atribuciones elementales, pero no únicas. Hay que recordar que, en cada entidad federativa, los municipios pueden tener otras facultades inherentes al mandato constitucional local.
La triste realidad de los ayuntamientos es que la gran mayoría de ellos sobreviven y subsisten de los mendrugos de la administración central, ya sea por recursos federales o de recursos estatales. Incapaces de recaudar y administrar eficientemente lo poco que ingresan de recursos propios, 8.5 de cada 10 ayuntamientos en México administran sus recursos en números rojos, es decir, están quebrados.
Sinaloa no es ajeno al panorama nacional, prácticamente todos los municipios de la entidad tienen números negativos, algunos incluso, forman parte de los municipios más endeudados del país, según el Centro de Estudios y Finanzas Públicas. ¿En qué se va el gasto de los ayuntamientos? ¿En dónde quedan los recursos de ciudadanos? ¿Pueden hacer algo los alcaldes entrantes?
Según el Instituto Mexicano de la Competitividad, el dinero de los ayuntamientos se va principalmente en el pago de gasto corriente, es decir, en el sueldo de la burocracia municipal que representa, en la mayoría de los casos, una plantilla laboral robusta que no tiene funciones administrativas claras, el sueldo de los regidores, alcaldes y alcaldesas; el gasto corriente se mantiene también en el gasto de consumibles, pago de arrendamientos y servicios; las gasolinas y combustibles de los vehículos oficiales y del servicio público, los artículos de papelería, la maquinaria y equipo, en fin, todo aquello que cumple una función para las acciones municipales.
Pero el recurso se va también en el pago de sentencias, laudos y juicios perdidos, en este rubro miles de millones de pesos se pagan por actos jurídicos reclamados contra las administraciones públicas. Sin entrar a detalle, existen ayuntamientos en Sinaloa que tienen récord invicto, pero en negativo, es decir, que suman al año un 100% de sentencias perdidas, perjudiciales al erario municipal. Los actos de autoridad o jurídicos de los ayuntamientos pocas veces se analizan desde todas sus aristas, generalmente, la decisión de los munícipes atiende a criterios políticos o de solución inmediata lo que complica la situación a futuro. Los ayuntamientos no solo son requeridos o denunciados por empresas privadas, contratistas, bancos, proveedores o particulares. La Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional del Agua y hasta el INFONAVIT, IMSS o ISSSTE han litigado contra ayuntamientos en Sinaloa.
Lo peor de las administraciones municipales viene al cierre del ejercicio del último año de función. El llamado año de “Hidalgo”, en donde la tradición marca el saqueo hasta el último peso de las cuentas municipales, el registro de deuda para pago de las próximas administraciones y por supuesto el pago de bonos, compensaciones o liquidaciones de alcaldes, alcaldesas, regidores y funcionarios de primer nivel. Debemos estar atentos, varios munícipes están preparando la salida, se quieren despedir de sus administraciones sirviéndose con la cuchara grande. A ellos y a ellas no les importa dejar más deuda a los que vienen. Ya se van, y lo que pase a partir de la toma de protesta del siguiente, es asunto que deja de importarles. ¿Pero politólogo, y su reputación pública? Eso es cosa de lo menos importante, como dice el dicho: es como pintarle una raya más al tigre o encontrarle una mancha más en la trompa de un cochi, ¡Oing!… Luego le seguimos.
