Muchas han sido las medidas muy dolorosas las que se han implementado para mitigar el impacto de la emergencia sanitaria y económica generada por la pandemia en la salud y en el bolsillo de los ciudadanos y la operación de las empresas. Y seguramente no se han puesto en marcha todas.
Esto provoca controversias como la que se está observando en Mazatlán, donde empresarios restauranteros pretenden, y les urge, que sus negocios se reactiven, lo que es respaldado por el alcalde Guillermo Benítez, “El Químico”.
Y tienen razón, porque su situación es crítica, sin ingresos, pagando diversos servicios e incluso muchos de ellos sosteniendo su planta laboral.
¿Qué hacen los gobiernos de todos los niveles por ellos, además de exigirles respetar la recomendación de mantener sus comercios cerrados?
El asunto requiere de una gran responsabilidad de todos: ciudadanos, empresarios y gobierno. No se debe en las actuales circunstancias de ver quién es el que gana más, sino de quién es el que pierde menos. Con la cerrazón de las partes, todos salimos perdiendo.
Solo es cuestión de sentido común, alejados de intentos de jactancia sobre conocimiento de los intríngulis de la ciencia económica.
Si las empresas no pueden operar por las restricciones propias de la emergencia sanitaria, es entendible que muchas de ellas, sin ingresos, no estarán en condiciones de sostener su planta de trabajadores, los que serán echados a la calle, si acaso con la justa indemnización contemplada por la ley.
Lo que reciban le permitirá a algunos trabajadores sobrevivir algunos días acatando las disposiciones de aislamiento exigido por las autoridades para frenar los contagios, pero seguro no será por mucho tiempo. Estarán, entonces, sin trabajo, sin dinero y en espera que todo pase para buscar un nuevo empleo, el que es de preverse, no será fácil encontrar.
El pequeño o mediano empresario tratará de salvar lo que pueda para reanudar en cuanto sea posible. Nadie lo puede obligar a mantener a sus empleados si es que los despide, de acuerdo a lo que la ley laboral establece. Aún bajo la amenaza presidencial de ser exhibidos como “malos empresarios” en la conferencia mañanera del Presidente. Me consta que muchos están haciendo todo lo posible para no despedir a sus trabajadores, y lo hacen con grandes sacrificios.
El gobierno también pierde. Empresa cerrada ya no pagará impuestos, ni tampoco los trabajadores que dejen de laborar le generarán más ingresos.
Dice el Presidente Andrés Manuel López Obrador que si las empresas quiebran, que quiebren, que los propietarios asuman el costo del fracaso, que no habrá más rescates a la iniciativa privada, como se hacía en el pasado.
Pero resulta que los empresarios no es rescate lo que le han pedido al Gobierno Federal, sino que ponga en marcha medidas que les permita “torear” la situación, como prórrogas en diversos conceptos de obligaciones con el gobierno o créditos suficientes, todo a pagar en cuanto se tengan las condiciones apropiadas.
Los 25 mil pesos de créditos que se anuncian con bombo y platillo ahora en conferencia vespertina, sirven para muy pequeñas empresas, pero no a aquellas que generan la mayor parte de la ocupación formal en el país.
¿Y qué otra cosa hace falta además de una política que brinde certeza a la empresa desde el gobierno? Diálogo. Que desde el poder dejen de medir a todos los empresarios con la misma vara, como ladrones, encasillándolos como delincuentes de cuello blanco.
Se debe entender que en mucho depende de cómo les vaya a las empresas tras la emergencia, para saber cómo nos irá a todos como país.
Es bueno que gobiernos estatales por su cuenta sí están platicando con representantes de empresas de diversos giros a fin de ponerse de acuerdo sobre cómo le van a hacer todos para evitar que el daños a los bolsillos de todos sea el menor. Pero ese esfuerzo no será suficiente.
Y no se trata de que se les regale nada. Si a eso estaban acostumbrados en el pasado, que se les olvide. Bríndeseles las condiciones de certeza y viabilidad para que puedan seguir operando. Si quiebran, quebramos todos. Al final, como se dice en el argot de los abogados, más vale un mal arreglo que un buen pleito.
