Tal y como estaba programado, el gabinete de Seguridad federal se reunió este miércoles en la Cuarta Zona Naval de Mazatlán, y el largo encuentro de casi seis horas estuvo encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, así como por el titular de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y el gobernador Quirino Ordaz Coppel.
Sin embargo, la duda razonable es: ¿en los hechos, va a servir esta reunión de algo? Pronto lo veremos. En las palabras que accedió darle a los medios de comunicación, Durazo no se salió para nada del guion y su discurso era previsible: Sinaloa va bien en materia de seguridad, pero podría estar mejor. Resaltó el dato ya socializado de que el estado ya no se ubica entre los primeros a nivel nacional en cuanto a índices delictivos se refiere, pero, reiteró, no es para echar las campanas al vuelo.
Eso sí, lo de ayer no puede dejar de verse como un espaldarazo más de la 4T a Quirino Ordaz. Y por cierto, otro punto que no pudimos dejar de observar es que ayer a esta reunión mega fifí de seguridad, que hasta hizo que se sitiara una parte de Mazatlán, estuvieron invitados los principales mandos federales, los principales funcionarios del gabinete estatal, y los alcaldes de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y el mazatleco Luis Guillermo Benítez Torres.
Claro, son dos de los municipios más importantes del estado. ¿Pero y qué pasó con el alcalde de Ahome? A Manuel Guillermo Chapman no se le vio por ahí. ¿No pudo ir? ¿O de plano ni lo invitaron? Habrá que averiguarlo…
Fuerte revés para el gobierno de Luis Guillermo Benítez Torres, quien estará impedido para retirar a los vendedores ambulantes de los alrededores del mercado “Pino Suárez”, debido a que estos les fue otorgada la suspensión definitiva en el juicio de amparo que interpusieron contra el gobierno municipal.
El representante legal de los demandantes, Rosario Torres Noriega, dio a conocer ayer que el pasado lunes, el juez Octavo de Distrito les dio la razón, y así este tema cierra, al menos por ahora, con puros tropiezos por parte del ayuntamiento de Mazatlán. Desde que se intentó hacer el desalojo de los ambulantes utilizando la fuerza pública, lo que derivó en una serie de protestas en contra del Químico, quedó claro que no había una estrategia clara y ordenada.
Se entiende que en el fondo, el alcalde mazatleco tiene la buena intención de reordenar el Centro Histórico, pero mediante diálogo y negociaciones todo esto hubiera tenido un mejor final. Ahora, el área jurídica del ayuntamiento mazatleco analiza apelar esta decisión del juez, pero si no analizan bien sus pasos a seguir, seguirán tropezando y no llegarán a ninguna resolución favorable. ¿A poco no?
¿Habrá justicia en el caso Sanalona? Este miércoles se difundió que fue detenido el primer policía estatal supuestamente implicado en la muerte de Andrea y Carolina, las dos jovencitas originarias de Tamazula, Durango, y quienes fallecieron en un supuesto enfrentamiento el pasado 27 de enero.
Distintas fuentes aseguraron a Línea Directa que el elemento estatal ya fue puesto a disposición del juez y se está en espera de que se programe audiencia inicial. Además, habría otras cuatro órdenes de aprehensión contra el mismo número elementos de la Policía Estatal, y en espera de ser cumplimentadas.
Esperemos que se llegue hasta el fondo de este asunto, y se cumpla con la exigencia de los familiares de las dos jóvenes. Seguramente, está en el ánimo del gobernador Quirino Ordaz que los hechos se esclarezcan, pues el tema ha tenido los ojos de la opinión pública encima y hasta su homólogo de Durango, José Rosas Aispuro, se ha sumado a los reclamos de justicia…
Complicada situación la que se vive en el Instituto Tecnológico de Culiacán, debido al conflicto legal que le ha llevado a perder casi la mitad de sus terrenos, que desde el 2008 eran reclamados por un particular y que ya pasaron a ser de su propiedad debido a una resolución judicial.
Sin embargo, lo realmente grave del asunto es que el conflicto ha ido escalando a tal grado que ayer casi se llega a los golpes entre el particular y los alumnos y maestros del Tec, quienes llevaron una retroexcavadora para retirar la cerca que fue instalada el fin de semana, y que “marca” la división de los terrenos “perdidos”.
La duda es si los directivos están aprovechándose de los alumnos y los están movilizando para hacer presión, lo cual sería condenable. Este tema debe dirimirse judicialmente y si se debe hacer una defensa, esto no les corresponde a los jóvenes, sino directamente a las autoridades educativas, pero hasta ahora ninguna de ellas, estatal o federal, ha puesto un alto para evitar que las cosas se salgan aún más de control… Así se las gastan. O peor… Comentarios: [email protected]
