OPINIÓN

Las Fiscalías en su laberinto

Créditos: Línea Directa
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Varios días pasaron para localizar los restos de Debanhi Escobar en Nuevo León, desapareció el 19 de abril y su cuerpo fue encontrado días después en la cisterna de un motel en donde según las primeras versiones de la Fiscalía cayó después de saltar una barda. Tres autopsias contradictorias después, el caso apuntó cosas distintas, la joven fue víctima de violación y la absurda versión del accidente quedó totalmente desechada.

Medios de comunicación daban a conocer el entorno de la víctima, expusieron las últimas horas con vida de una joven que había salido de fiesta con sus amigas. Como si fuera una consigna, la información filtrada –en donde se incluían videos que formaban parte de la carpeta de investigación- estaba tendenciosamente encausada en acusar a la propia víctima, que, según esa hipótesis, se habría puesto en riesgo por su estado de ebriedad o por el supuesto consumo de drogas. La autoridad quería hacer creer que la víctima era la culpable de su muerte.

El caso de Luz Raquel Padilla en Jalisco tomó misteriosamente el mismo camino. De pronto la Fiscalía expuso como principal línea de investigación las “autolesiones” o la inmolación que la víctima se causara en un parque público del municipio de Zapopan. Sin tener la carpeta de investigación concluida, se presentaron videos y testimonios en donde se asegura que fue Luz Raquel quien compro un par de botellas con alcohol y un encendedor el mismo día en que sucedieron los hechos.

Por si fuera poco, la Fiscalía presento imágenes en donde se muestra a la mujer manipulando cámaras de seguridad del edificio en donde aparecieron pintas y consignas de muerte en su contra. Diciendo sin decirlo, que ella era la causante de sus propias amenazas y porque no, de su propia muerte. Al día de hoy, el principal acusado está detenido, pero no por el delito de feminicidio sino por un par de delitos menores.

A inicios de año en Baja California asesinaron a la periodista Lourdes Maldonado al llegar a su domicilio en Tijuana. La víctima -inscrita en el supuesto mecanismo de protección para periodistas- llevaba años en un pleito legal contra una televisora local propiedad del ex gobernador de la entidad Jaime Bonilla. Antes incluso del sepelio, la Fiscalía de la entidad fronteriza descartaba por completo líneas de investigación relacionadas con el juicio laboral que estaba en proceso de sentencia favorable para la hoy occisa. Fue por su actividad periodística, pero no por un asunto de litigio laboral o político, concluían las investigaciones después de la detención de los presuntos responsables.

En Sinaloa la investigación del homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez también tiene sus tropiezos, sobre todo por las imprecisiones en las que las autoridades federales y locales han incurrido cuando se trata de dar avances sobre el caso. Desde la apertura de la carpeta de investigación hubo versiones distintas sobre las lesiones que presentaba el cuerpo. Al día de hoy, solamente hay una mujer vinculada a proceso por el delito de encubrimiento.  

En Morelos, Oaxaca, CDMX, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Guanajuato sobran historias similares en donde la autoridad encargada de los procesos de investigación de los delitos y la consignación de los responsables ante los órganos jurisdiccionales han cometido errores que dejan en la sociedad un sentimiento de impunidad e injusticia. A los ciudadanos comunes nos resulta difícil creer que la capacidad de estas importantes instituciones esta superada por el exceso de trabajo, la falta de recursos o lo que es peor, la falta de capacidad de algunos servidores públicos.

Las 32 Fiscalías autónomas en los estados y la propia Fiscalía General de la República tienen un gran reto de cara al futuro, recuperar la credibilidad perdida en casos como el de Debanhi y ahora el de Luz Raquel. Y no se trata de darle al pueblo lo que pide, ni consecuentar las versiones que se construyen en el imaginario colectivo. Se trata de hacer lo propio con la mayor transparencia, objetividad e imparcialidad, para que no quepa ni por el ojo de una aguja la mínima sospecha de ineptitud, corrupción o negligencia. Luego le seguimos…