Sobre la consulta popular de ayer, dos puntos: Uno, su indefinible fracaso en términos cuantitativos, y dos, la lectura que deja la participación del gobernador Quirino Ordaz Coppel en este cuestionado ejercicio democrático.
Claro que en ambos casos las interpretaciones van a ir de acuerdo a la conveniencia e interés de cada una de las partes.
Para empezar, por lo que haya sido, es difícil que alguien pueda defender el argumento de que fue un éxito una consulta en la que a nivel nacional participa menos del 8 porciento y en el caso de Sinaloa aún menos.
La gente sencillamente no salió a votar, por la pandemia, por la dificultad del traslado, porque no la convenció pregunta, porque le pareció que ni tan siquiera era necesaria, o porque simple y llanamente no le dio la gana, que para eso tenía absoluta libertad.
Cualitativa y políticamente las interpretaciones son otra cosa.
¿Qué es lo que sigue? Además de las confrontaciones políticas en todos los niveles y espacios, la búsqueda de culpables, y el principal ya se tiene desde la perspectiva de los impulsores de la consulta: el Instituto Nacional Electoral.
También, desde su visión, todos aquellos con espacios de opinión en diversos medios y que han cuestionado la decisión de gastar más de 500 millones de pesos para realizar un ejercicio democrático que aparentemente no llevará a nada.
En el marco de la consulta, sorprendió la participación del gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien solo unos días antes había expresado que no lo haría.
Esa decisión puede ser interpretada como una quedada de bien con el presidente de la República y que con ella pretende transitar sin mayores problemas el tramo que le falta a López Obrador e incluso acceder a un trato de privilegio en el mismo.
Lo malo es el mensaje que envía con su acción a los militantes de su partido, el PRI, que si ya tenían sospechas de una traición quirinista para favorecer a Morena en el pasado proceso electoral, esto cuando menos viene a fortalecer esa percepción.
De hecho esto apenas empieza.
