Desde hace tiempo en este espacio hemos insistido en la necesidad de crear un plan más elaborado para enfrentar el fenómeno de alta incidencia de accidentes en los que participan motociclistas.
Porque es evidente que no han dado los resultados esperados las estrategias implementadas por las autoridades tendientes a bajar el alarmante problema.
El fenómeno no solo no se ha logrado reducir, sino que su tendencia se mantiene al alza. Es solo cuestión de ver cualquier medio impreso, escuchar los noticieros o para corroborarlo.
Algo se tiene que hacer. Paralelamente con lo que deben hacer las autoridades, hay que poner énfasis en el papel que debe jugar la familia en este proceso de concientización, más tomando en cuenta que un porcentaje muy alto de quienes participan en este tipo de accidentes son menores de edad.
Tampoco se ha dado o exigido la participación debida a las empresas que fabrican y distribuyen estos vehículos, que deben tener mucho que aportar.
La motocicleta es un vehículo versátil, relativamente barato y de mantenimiento muy económico. Es una extraordinaria opción para un importante segmento de la sociedad que requiere de transporte barato, rápido y de bajo costo.
Pero es también muy frágil y sumamente peligroso, más si no se respetan las recomendaciones elementales para reducir riesgos de accidentes.
Las empresas dedicadas a la comercialización de este tipo de vehículos brindan toda clase de facilidades a los clientes, quienes de esa forma pueden acceder a éste. No está mal, pero el problema va mucho más allá de la accesibilidad.
No hay control sobre los conductores y tampoco ellos parecen estar conciencia de la responsabilidad que implica conducir una motocicleta. Pese a los esfuerzos de las autoridades un alto porcentaje de éstos no cuentan con una licencia para conducir estas unidades, no utiliza el casco protector y tampoco respeta recomendaciones básicas de prevención.
Por cada motociclista responsable, precavido y respetuoso de las normas, hay decenas que conducen de manera desafiante y temeraria, colocándose en peligro no solo ellos, sino también a quienes tienen la desgracia de cruzarse en su camino.
Estos accidentes salen muy caros. En lo económico le cuestan a las familias, al sistema de salud pública y a las empresas. Además, generan un gran dolor los muchos muertos por estas causas.
Es necesario replantearnos todos, partiendo del seno familiar, no solo algo tan elemental como el uso obligatorio del casco protector del conductor, sino la necesidad de que las autoridades, sin sospechas de que sus acciones sean recaudatorias, actúen con mayor energía contra quienes incumplan las normas en el uso de estos necesarios pero peligrosos vehículos.
