Los alcaldes que entrarán en funciones a partir de noviembre tienen enfrente un fuerte reto. Quienes son reelectos tienen muy claro cómo están las cosas.
Nunca el cierre de año, y menos el cierre de un trienio, ha sido fácil para los gobiernos municipales, pero lo era aún peor antes.
Con regularidad la mayoría recurría al gobierno del estado para que los rescatara financieramente para poder cumplir con compromisos elementales como el pago de nómina y aguinaldos y liquidar a proveedores.
Lo siguen haciendo, pero hay que reconocer que se ha avanzado en ese sentido y de algunos años para acá los ayuntamientos tratan de asegurar el guardadito para fin de año, aunque ello signifique sacrificar calidad de servicios públicos y cancelación de algunas obras necesarias.
Pero en el cierre de un gobierno estatal y la apertura de otro esta alternativa se complica.
Se tiene que ir al origen del problema. Consecuencia de deficiente recaudación, reducción de participaciones federales, deudas heredadas, nóminas excesivas, altos sueldos y desorden administrativo, algunos ayuntamientos siguen teniendo problemas financieros.
No tienen dinero para cumplir con responsabilidades tan elementales como el pago de salarios y la prestación de servicios públicos indispensables, mucho menos para la obra pública que la población demanda.
Además, tienen deudas con el IMSS, el INFONAVIT, proveedores y hasta con instituciones de crédito y otras empresas por recursos retenidos a sus trabajadores vía nómina y que debieron entregar pues solo eran intermediarios pero nunca enteraron.
Hay reglas elementales en la administración pública, que deben seguirse para evitar o atenuar crisis como la que enfrentan los municipios, pero que alguien no las ha respetado y eso es lo que se le debe exigir a los próximos alcaldes. Una buena y transparente administración es también su reto.
