?México, DF.- Durante dos días, más de 30 funcionarios, jueces fiscales y
representante de Organizaciones No Gubernamentales de América Latina así
como de organismos internacionales expondrán sus experiencia para
impulsar políticas publicas a favor de los derechos humanos y la no
reincidencia de adolescentes con antecedentes penales.
A partir del diagnóstico del foro internacional, “La Justicia para
Adolescentes y Medidas en Libertad”, se buscará reformar la Ley de
Justicia para Adolescentes en el Distrito Federal, a dos años de que
entró en vigencia en la capital del país.
El jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, criticó que se incremente en mil
por ciento el presupuesto para comprar armamento y la expansión del
sistema de seguridad a nivel nacional, mientras que la inversión que se
usa para la educación de los jóvenes crece sólo un 10 por ciento.
“Lo que hay que hacer es una inversión que inclusive podría ser
inferior al incremento del presupuesto para comprar armamento y
expansión del sistema de seguridad a nivel nacional, que ha tenido un
crecimiento de mil por ciento, mientras que la inversión en hacer crecer
la posibilidad de incluir en el procedo educativo a los jóvenes ha
crecido como la inflación, el 10 por ciento. Estamos equivocados, hay
que cambia eso”, dijo.
Al inaugurar el foro, Ebrard Casaubon destacó que desde el 2007 su
administración ha dirigido inversiones y políticas públicas para los
jóvenes, siendo ejemplo de ello, el programa Prepa sí, donde 230 mil
estudiantes de media superior reciben una beca.
Explicó que a través del apoyo económico se redujo la deserción escolar,
de 22 por ciento al 6 por ciento, es decir, fueron 120 mil jóvenes que
con este esfuerzo no renunciaron a la escuela.
“Con 25 pesos, que equivalen a dos dólares, se determinan que 120 mil jóvenes no abandonaran la escuela”, aseguró.
El mandatario capitalino destacó que la educación y las actividades
culturales y recreativas permiten que no haya más delincuencia.
En el foro, que se desarrollará el 19 y 20 de agosto, se discutirán
acciones para evitar los graves daños de la prisión y favorecer con
propuestas socioeducativas la reintegración social de los sentenciados,
tanto adolescentes como adultos, para lo cual se busca también articular
una red de instituciones y servicios públicos y privados para apoyar la
reinserción social.
