Urge HRW investigar asesinatos en Tanhuato

Redacción.- México “debería efectuar una investigación oportuna, exhaustiva e
imparcial” sobre las circunstancias en las que murieron 43 personas el
22 de mayo de 2015 en Tanhuato, Michoacán, expresa Human Rights Watch.?Debido
a los pésimos antecedentes en materia de derechos humanos de las
fuerzas de seguridad mexicanas, es crucial que se lleve a cabo una
investigación rigurosa y transparente para determinar si efectivamente
el empleo de la fuerza fue proporcional durante el enfrentamiento y si
se produjeron ejecuciones extrajudiciales?, expresó Daniel Wilkinson,
director gerente para las Américas de Human Rights Watch.?La
Procuraduría General de la República debería adoptar medidas inmediatas
para asegurar que estos delitos se investiguen sin las demoras y la
negligencia que caracterizaron la investigación de los asesinatos
ocurridos en Tlatlaya en junio pasado?, agregó Wilkinson.
El director gerente para las Américas de HRW subrayó que ?para no
repetir el fiasco de la investigación sobre el caso Tlatlaya, la
procuradora general de la República –Arely Gómez–debería convocar
inmediatamente a expertos forenses independientes y rigurosos que puedan
otorgarle credibilidad a su investigación sobre los asesinatos?.HRW
recapitula en su posicionamiento que durante un enfrentamiento armado
de tres horas entre civiles y policías federales en el municipio de
Tanhuato murieron 42 civiles y un policía, según fuentes oficiales.El
Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo, señaló que
los policías actuaron en respuesta a disparos emitidos por los civiles.
Sin embargo, el que 42 civiles hayan muerto y que las fuerzas de
seguridad hayan sufrido una sola baja genera serias dudas sobre si el
uso de la fuerza fue proporcional y lícito observó Human Rights Watch.El
Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, señaló en
declaraciones a los medios informativos que 42 policías se presentaron
en Tanhuato con la intención de investigar la supuesta toma de un rancho
por ?delincuentes? armados. Rubido afirmó que los policías respondieron
a disparos efectuados desde un vehículo, al cual persiguieron hasta que
ingresó al rancho. Una vez que los policías llegaron al rancho, otras
personas comenzaron a dispararles desde el interior, señaló el
funcionario mexicano. Más de una hora después, aproximadamente otros 60
policías se presentaron en el lugar, incluidos varios que efectuaron
disparos contra el rancho desde un helicóptero, recapitula HRW.Funcionarios
del gobierno mexicano, incluidos Galindo y Rubido, negaron expresamente
que los policías hubieran cometido ejecuciones extrajudiciales. Tres
sobrevivientes se entregaron y fueron detenidos, y se decomisaron al
menos 38 armas, afirmó Rubido.La agencia de noticias Associated
Press y medios locales informaron que, según familiares de algunos de
los fallecidos, uno de los cuerpos tenía un tiro en la parte superior de
la cabeza, otro presentaba golpes en el rostro y había perdido un ojo, y
un tercero tenía la dentadura hundida hacia adentro. Pobladores de las
inmediaciones indicaron que la mayoría de los disparos provenían del
helicóptero policial, según trascendió en los medios informativos.El
procurador general de justicia del estado de Michoacán señaló a
periodistas que el caso estaba siendo integrado por la Procuraduría
General de la República (PGR), pero que su procuraduría estaba
practicando las primeras diligencias. La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) también está investigando lo sucedido, apunta
HRW.En junio de 2014, personal militar abrió fuego contra un
grupo de civiles que se encontraban en el interior de una bodega en el
municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, provocando la muerte de
22 de ellos. Un soldado resultó herido. Los relatos de testigos y un
informe de la CNDH indicaron que al menos 12 civiles fueron ejecutados
extrajudicialmente.Agentes de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México detuvieron a dos de las tres testigos
sobrevivientes, las golpearon, las asfixiaron reiteradamente con bolsas y
amenazaron con someterlas a abusos sexuales para obligarlas a que
confesaran tener vínculos con personas asesinadas en los incidentes, y a
declarar que los  militares no eran responsables de las muertes, según
la CNDH. También amenazaron y maltrataron a una tercera testigo, y
obligaron a las tres a firmar documentos sin que se les permitiera leer
su contenido, según el informe.La PGR recién intervino en la investigación tres meses después.La
PGR ha consignado a siete soldados y a un teniente, pero solamente en
relación con el asesinato de ocho personas. Asimismo, si bien la CNDH
declaró que la Secretaría de la Defensa Nacional había encubierto el
crimen, la investigación aún no ha identificado a todos los militares
involucrados en el encubrimiento, según le señaló un abogado que
interviene en la causa a Human Rights Watch, concluye el posicionamiento
que exhorta al estado mexicano a recurrir a expertos internacionales
para indagar los hechos recientes en Tanhuato, Michoacán.SA