México.- Los jueces y magistrados del colectivo Artículo 41 se refiere al caso del senador Miguel Ángel Yunes y reiteraron que efectivamente el legislador tenía una orden de aprehensión pendiente en Veracruz, la cual fue eliminada, un día antes de votar la reforma judicial el pasado 11 de septiembre.
El magistrado Juan José Olvera López detalló que como información pública se conoce que el voto decisivo que tuvo el senador que antiguamente era del PAN y se unió el grupo en el poder para dar la mayoría calificada que necesitaba la Cámara de Senadores para lograr la aprobación de la reforma judicial, se realizó un día después de que se anulara su orden de aprehensión.
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“En efecto este senador tenía una orden de aprehensión que pidió el Ministerio Público local ante un juez local en Veracruz, esta orden de aprehensión se pidió en julio 2024, de modo que esta persona que ya había vencido en las urnas enfrentó una orden de aprehensión y se enfrentó un proceso de extradición porque había información de que se encontraba fuera del país ese era el escenario que enfrentaba en julio”, indicó.
Olvera López agregó que “el día 9 de septiembre, un día antes de que empezara la sesión del 10 y 11 de septiembre, donde se aprobó la reforma en el senado, el agente del MP que había pedido la orden, pidió audiencia privada y el juez el mismo día le dio la audiencia privada, y lo atendió como si fuera un asunto urgente, cosa que no era”.
El magistrado agregó también que aunque la audiencia fue privada en su momento, hoy es pública y se sabe que “el fiscal dijo que venía ante el juez a pedir la cancelación de esa orden porque tenía nuevos datos de prueba y el juez de inmediato resolvió lo que desde el punto de vista del juez es correcto, hacer lo que el fiscal le estaba solicitando”.
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Juan José Olvera López detalló también que ahora se sabe que el senador promovió un amparo contra esta orden de aprehensión, que se solicita en los juzgados federales.
Los jueces del colectivo aseguran que el juez actuó en medida de sus posibilidades, pues fueron los mismos elementos del Ministerio Público quienes pidieron la orden y pidieron su anulación, impidiendo que el juez revisará las nuevas pruebas para pedir la cancelación.
