‘Sin prensa, no hay democracia’, alerta la organización Artículo 19

Ciudad de México.- La libertad de expresión es un pilar de la democracia de un
país. En México, “las violaciones graves a derechos humanos no existen
si no se hablan y las voces de inconformidad pueden ser silenciadas sin
que exista consecuencia alguna”, apunta la representación en México de
Artículo 19, este 3 de mayo, el ?Día Mundial de la Libertad de Prensa?.
Artículo 19 exige a las autoridades encargadas de la procuración de
justicia investiguen en los casos de violaciones a la libertad de
expresión de manera proactiva, cuando se los permita el marco normativo;
ante la crisis de derechos humanos, la sociedad es testigo de la
reducción de espacios independientes, apunta el organismo defensor de la
libertad de expresión en el mundo.
“El disenso se vuelve incómodo para el gobierno, pero es
indispensable para construir una sociedad informada y crítica”,
considera.
México está inmerso en un panorama adverso para la labor
periodística: Artículo 19 ha documentado 93 asesinatos de periodistas de
2000 a la fecha, los últimos 20 homicidios durante el actual gobierno.
Los periodistas de regiones con el mayor índice de agresiones, “han
encontrado en la autocensura una medida efectiva de protección. Sin
garantías para realizar su trabajo, la prensa ha cedido libertad en
favor de su seguridad”.
“El silencio lacera más cuando la impunidad prevalece en la mayoría de los casos de agresiones”.
Aun así, en Veracruz, Ciudad de México, Puebla y Chihuahua, por
ejemplo, los periodistas crearon redes para la autoprotección y para
levantar la voz, detalla Artículo 19.
El deterioro de la libertad de prensa es una realidad. De enero a
marzo de 2016, se documentaron 69 agresiones contra la prensa, incluidos
los asesinatos de 3 periodistas: Marco Hernández Bautista, el 21 de
enero, en Oaxaca; Anabel Flores Salazar, el 8 de febrero, en Veracruz; y
Moisés Dagdug Lutzow, el 20 de febrero, en Tabasco.
Las entidades con mayor número de agresiones fueron Veracruz, con 17; Guerrero, con 11; y Ciudad de México, con 9.
En 2015, estas entidades también registraron la mayoría de ataques a la prensa.
En 33 de los casos se señalaron a funcionarios como los agresores. De
estos, 12 involucran a elementos del Ejército o fuerzas federales. Las
autoridades niegan responsabilidad y no existe iniciativa por abrir
investigaciones en contra de ningún servidor público. Esto impide el
acceso a la justicia y verdad para las víctimas.
Artículo 19 documentó en este periodo 15 amenazas, 1 ataque contra un
medio de comunicación, 19 ataques físicos o materiales, 12 casos de
hostigamiento y acoso, 8 actos de intimidación, 6 privaciones ilegales
de la libertad y 5 casos de violencia institucional.
Por tipo de medio, los medios digitales son los de mayor registro de
agresiones, con 27; seguidos de los medios impresos, con 14; las
agencias de información, con 9; la televisión, con 7; y la radio, con 6.
Asimismo, se registraron 6 agresiones contra periodistas independientes
o freelance.
Del total de agresiones, 44 se dirigieron a hombres, 19 a mujeres y 6 a medios de comunicación o colectivos.
La obligación de investigar los asesinatos contra periodistas es de
la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad
de Expresión (FEADLE); sin embargo, ha eludido su responsabilidad de
investigar los delitos que atentan contra la libertad de expresión.
Esta instancia de la Procuraduría General de la República (PGR)
argumenta que las fiscalías locales son las que deben comprobar el nexo
de la labor periodística para determinar la atracción de los casos.
“Este argumento desdibuja la especialidad de la FEADLE y debilita su función en las investigaciones”, reclama Artículo 19.
Durante el primer trimestre del año, 15 agresiones ocurrieron en la
red: 6 amenazas por medio de redes sociales, 8 casos de hostigamiento y
acoso, también por medio de redes sociales, y un ataque cibernético a un
medio de comunicación.
Los periodistas críticos se enfrentan a un contexto donde las leyes
locales y federales permiten el uso de malware para el espionaje y la
retención de metadatos y datos personales. No importa si se ponen o no
en práctica, basta con que existan estas herramientas para que se inhiba
el libre ejercicio de la libertad de expresión.
Por otro lado, el esfuerzo de las autoridades por investigar estos
casos, en su mayoría, resulta infructuoso. Descartan los hechos o les
dan poca importancia, argumentando que no hay delitos consumados, cuando
muchas veces estas agresiones encuadran en tipos penales vigentes.
La metodología de análisis de riesgo del Mecanismo de Protección a
periodistas y personas defensoras de derechos humanos, adscrito a la
Secretaría de Gobernación (Segob), suele determinar en estos casos que
existe un nivel bajo de riesgo, dado que no se tratan de mensajes
directos de amenaza, o no es visible una estructura para cometer la
agresión. Sin embargo, este tipo de agresiones también suelen causar
estragos psicológicos en las víctimas al no saber con qué agresor se
enfrentan, así como el nivel de riesgo en el que se encuentran.
Artículo 19 documentó 19 agresiones contra mujeres periodistas de las
cuales, al menos 7 se dieron con componente de género. En estos casos
existen características que, de manera muy particular, tienen efectos
diferentes en  su vida personal, psicosocial y profesional.
Año con año, el número de agresiones contra la prensa aumenta. En
2015 Artículo 19 documentó 397, en comparación con 326 en 2014. Además,
durante la actual administración federal (del 1 de diciembre de 2012 al
31 de marzo de 2016) se han registrado 1,142 agresiones. El incremento
en las incidencias actúa en contra del ejercicio de la libertad de
expresión y expone el nivel democrático de nuestro país.
“Cuando se agrede a la prensa se vulneran los derechos de los
ciudadanos a la libre expresión y a la información, y termina por
desestimar la labor de los periodistas en la sociedad. Sin embargo, el
Estado es omiso y negligente en su obligación por brindar justicia,
verdad y reparación del daño en los casos de violencia contra la prensa.
Permite que la impunidad prevalezca, promoviendo que este tipo de actos
se repitan”. 
Finalmente, Artículo 19 da la bienvenida en este 2016 a La
Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y la lucha contra el
extremismo violento por cuatro expertos internacionales establecidos por
la ONU, la Unión Africana, la Organización de Estados Americanos y la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, dado a
conocer durante la celebración de la Unesco de ?Día Mundial de la
Libertad de Prensa?.
La declaración conjunta plantea serias preocupaciones sobre el
impacto potencialmente negativo sobre el disfrute de los derechos
humanos de las iniciativas para contrarrestar o prevenir el extremismo
violento y proporciona serie de recomendaciones para prevenir
violaciones.
“Artículo 19 comparte las preocupaciones expresadas por los cuatro
mandatos especiales que, si bien empaquetado como medidas positivas,
muchas iniciativas corren el riesgo de tener un impacto negativo en los
derechos humanos, particularmente el derecho a la libertad de expresión,
así como la libertad de religión o de creencias , de asociación, el
derecho a la privacidad, y la igualdad y la no discriminación “, dijo
Thomas Hughes, Directora Ejecutiva de Artículo 19.
“La falta de una definición acordada de extremismo violento abre la
puerta a los abusos de derechos humanos. Sabemos que muchos gobiernos se
dirigen a periodistas, blogueros, disidentes políticos, activistas y
defensores de los derechos humanos mediante su etiquetado como
‘extremistas’ o ‘terroristas’. La declaración conjunta basa en la
experiencia de diferentes expertos internacionales y regionales para
desafiar a violaciones de los derechos humanos en el contexto de la
lucha contra el extremismo violento”, finalizó Hughes.JE