Tijuana, Baja California.– Siete personas fueron detenidas en el municipio de Tijuana luego de que autoridades federales y estatales les encontraran armamento de uso exclusivo del Ejército mexicano, durante un operativo de seguridad realizado la noche del viernes 24 de octubre del 2025.
De acuerdo con información confirmada por fuentes de seguridad, el grupo viajaba en una camioneta con placas de California, cuando agentes federales les marcaron el alto al notar una actitud sospechosa en una zona de patrullaje. Durante la inspección, se localizaron cinco armas largas y dos cortas, lo que derivó en la detención inmediata de los siete implicados.
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.
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La acción forma parte de los patrullajes de reconocimiento y vigilancia que las fuerzas de seguridad realizan de forma permanente en la región fronteriza, considerada una de las zonas con mayor flujo de armas y personas hacia Estados Unidos.
Los detenidos y el armamento quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que será el encargado de definir su situación legal en las próximas horas.
Baja California, punto de atención para las fuerzas federales
En los últimos meses, las autoridades han intensificado su presencia en Baja California debido al incremento de actividades delictivas y tráfico de armas en municipios fronterizos. Tijuana, en particular, ha sido escenario de operativos coordinados para contener la violencia relacionada con grupos delictivos que disputan el control territorial.
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Aunque el Gabinete de Seguridad destacó la coordinación entre dependencias, especialistas consultados apuntan a que los decomisos frecuentes reflejan la magnitud del problema de armas ilegales que circulan en la frontera norte del país.
¿Cuántos años de prisión se otorgan en México por portar armas ilegales?
El aseguramiento de armamento de uso exclusivo del Ejército suele considerarse un delito federal grave, con penas que pueden superar los 15 años de prisión. Las autoridades no han revelado la identidad de los detenidos ni si existe vínculo con alguna organización criminal.
