México. – La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Ernestina Godoy Ramos, presentó este jueves los alcances de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, tras la publicación de la reforma al artículo 73 constitucional el pasado 9 de octubre en el Diario Oficial de la Federación.
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Esta reforma otorga al Congreso de la Unión la facultad de legislar en esta materia, con el objetivo de unificar criterios y fortalecer la respuesta institucional ante este delito que afecta a miles de personas en todo el país.
La iniciativa fue construida en una mesa técnica interinstitucional con la participación de diversas dependencias del Gobierno de México, y forma parte de la estrategia nacional para combatir la extorsión, que ya opera con resultados visibles y que puede denunciarse de forma anónima a través del número 089.
¿Qué contempla la nueva ley contra la extorsión?
Tipo penal único: Se establece una definición homogénea del delito de extorsión para todo el país, con los mismos elementos jurídicos en los ámbitos federal y estatal.
Persecución de oficio: Las autoridades podrán iniciar investigaciones sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal.
Coordinación interinstitucional: Se prevé la colaboración entre los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar y sancionar este delito.
Reglas especiales para cárceles: Se incluyen disposiciones específicas para combatir la extorsión desde centros penitenciarios.
Penas más severas: Las sanciones van de 6 a 15 años de prisión, con agravantes como el cobro de piso, si la víctima es menor de edad, migrante, servidora pública o si el delito se comete desde prisión.
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¿Qué reformas legales acompañan esta iniciativa?
La propuesta también contempla modificaciones a diversos ordenamientos legales con el objetivo de armonizar el marco jurídico en materia de extorsión. Entre los instrumentos que serán reformados se encuentran el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Con estas reformas, el delito de extorsión será considerado susceptible de extinción de dominio, lo que permitirá al Estado recuperar bienes utilizados o adquiridos mediante esta actividad ilícita.
Godoy Ramos subrayó que esta ley eleva a rango legal la estrategia nacional contra la extorsión, que ya ha mostrado resultados, y refuerza la política pública de combate frontal a este fenómeno delictivo.
“Se requiere una intervención coordinada y sostenida de todas las instituciones del Estado mexicano para erradicarlo”, concluyó.
