México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió este jueves la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo, asegurando que las modificaciones no implican retroactividad ni afectan los derechos adquiridos por los ciudadanos.
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“La ley sigue resguardando el derecho de amparo frente a actos de autoridad”, afirmó durante su conferencia matutina.
La mandataria mexicana explicó que la publicación oficial del decreto se realizará entre hoy y mañana, una vez que llegue al Ejecutivo por parte de las cámaras legislativas. Además, señaló que solicitó al ministro en retiro Arturo Zaldívar explicar públicamente los alcances de la reforma y los cambios realizados, ante las críticas que señalan una supuesta vulneración de garantías individuales.
¿Qué aprobaron los legisladores y por qué generó controversia?
La reforma a la Ley de Amparo fue aprobada esta semana por ambas cámaras del Congreso, con modificaciones al artículo tercero transitorio. Según el dictamen avalado, las nuevas disposiciones procesales aplicarán únicamente a actuaciones futuras, sin afectar resoluciones previas ni derechos adquiridos.
Sin embargo, legisladores de oposición y especialistas en derecho constitucional han expresado preocupación por la redacción del transitorio, que consideran ambigua y potencialmente retroactiva. El senador independiente Erik Jaimes calificó el cambio como “gatopardismo legislativo” y advirtió que podría abrir la puerta a interpretaciones que limiten el acceso al amparo.
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¿Qué implica la reforma para los ciudadanos?
De acuerdo con el gobierno federal, la reforma busca fortalecer la certeza jurídica en los procesos de amparo, sin eliminar la protección que este recurso brinda frente a actos arbitrarios. La presidenta insistió en que “no se está quitando la protección al ciudadano” y que el derecho al amparo permanece intacto.
El artículo transitorio aprobado establece que las etapas concluidas de los juicios seguirán rigiéndose por las normas vigentes al inicio de cada proceso, mientras que las actuaciones posteriores se ajustarán a la nueva legislación, en línea con la doctrina de la Suprema Corte.