SFP denuncia a funcionarios por usurpación

Ciudad de México.- ? La Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó una serie de denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra 22 servidores públicos por usurpación de funciones, como médico cirujano, ingenieros y licenciados. En la Secretaría de Salud (Ssa) se detectó a Miguel Ángel Galván, otro más fue Fernando Mariano Martín en la Comisión Nacional de Arbitraje (Conamed), ambos se ostentaban como médicos cirujanos. También en la Ssa, se localizó a Sonia Hernández Elvira, Enlace de Alto Nivel que se acreditaba como licenciada en enfermería. Todos ellos presentaron títulos y cédulas falsos y firmaron documentos oficiales, por lo que pueden alcanzar seis años de prisión. En un comunicado, la SFP explicó que la denuncia es por usurpación de funciones, en diversas instituciones del Sector Salud, y en 16 casos comprobaron su condición profesional con documentación presuntamente falsa. La dependencia realizó una investigación en varias instituciones de salud del sector público que permitió detectar inconsistencias en los documentos que acreditaban su condición profesional de empleados y que integraron sus expedientes de ingreso con documentos apócrifos. Las pesquisas se llevaron a cabo en El ISSSTE, IMSS, la SSA, el Instituto Nacional de Perinatología (Inper), la Conamed, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), y el Hospital General (HGM).    “Como resultado, se inició proceso de responsabilidad administrativa contra los 22 servidores públicos, que podrían ser sancionados, todos ellos, con la destitución del cargo o empleo, e inhabilitación para laborar en la Administración Pública Federal.  De los 22 casos denunciados, seis corresponden a la Secretaría de Salud; ocho al IMSS; tres a Conamed; una al ISSSTE; una al HGM; dos al Inper y una al INR”.  Los involucrados pueden alcanzar  penas de uno hasta seis años de prisión y una multa de 100 a 300 días de salario a quien sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidas por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5 constitucional.  La Secretaría de la Función Pública amplió su investigación en la verificación de documentos profesionales de los servidores públicos, se informó en el comunicado.