Estados Unidos.- Este jueves 22 de mayo, poco después de que jueza Lisa Walsh – con sede en Miami – sentenciara a Genaro García Luna y a su esposa a pagar 2 mil 488 millones de dólares por su participación en un esquema de corrupción y lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que esta suma equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el Gobierno de México demandó a la pareja originalmente.
Mediante una tarjeta informativa la UIF precisó que, de acuerdo con la ley de Florida, los 2 mil 488 millones de dólares son tres veces el valor de la demanda original en México. Sin embargo, dicha determinación se dio como respuesta las múltiples resoluciones de culpabilidad que pesan contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, así como también de su esposa Linda Cristina Pereyra:
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(…) la sentencia es consecuente con 7 resoluciones de culpabilidad emitidas y ejecutadas previamente contra García Luna, su esposa y sus 5 empresas como resultado de su omisión de concurrir al juicio
La UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció que de las resoluciones de culpabilidad citadas, ya fue ejecutada una respecto de la empresa Delta Integrator LLC – propiedad de García Luna y su esposa – de lo que derivó una recuperación de activos que asciende a casi dos millones de dólares.
Además, también se procedió con la transmisión de la propiedad de un bien inmueble valuado en 555 mil 800 dólares norteamericanos. la UIF señaló que como resultado del vencimiento de una hipoteca otorgada a un tercero por la misma empresa, ya se obtuvo una recuperación adicional de 275 mil dólares norteamericanos.
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La dependencia agregó que estos recursos ya han sido ingresados a la Tesorería de la Federación y que las autoridades locales ya trabajan en el procesamiento de otros bienes adjudicados a García Luna y su esposa, los cuales pasaría a convertirse en pago de su millonaria sentencia:
(…) a partir de la emisión de la sentencia, el Estado Mexicano procederá a su ejecución respecto de los bienes propiedad de los sentenciados que sean localizados en el futuro, aún bajo la propiedad simulada de terceros que operen como testaferros.
