México.- El Senado de la República aprobó este jueves 30 de junio el dictamen que busca expedir una nueva Ley de la Guardia Nacional (GN) y reformar diversas normativas en materia de seguridad, entre las cuales se destaca el de retirar el carácter civil a la institución y convertirla en una Fuerza Armada Permanente, bajo la dirección de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La minuta, proveniente de la Cámara de Diputados, fue aprobada con 75 votos a favor y 34 en contra, por lo que, sin enfrentar ningún cambio, fue turnada a la presidencia de la república para su promulgación.
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El dictamen en cuestión establece que la Guardia Nacional será una fuerza de seguridad pública profesional, de carácter permanente, integrada por personal militar con formación policial y dependiente de la Sedena.
Este cuerpo será responsable de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) en todo el país Además, la ley prevé la incorporación de personal civil de confianza para funciones técnicas, profesionales y administrativas, quienes estarán sujetos a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Esto también abre la puerta para que elementos de la Guardia Nacional asuman funciones civiles o cargos de elección popular mediante licencias especiales.
Dicha figura legal está contemplada en el artículo 44, que establece que estas licencias deberán ser aprobadas tanto por la Sedena como por la persona titular del Poder Ejecutivo federal. Esto permitirá que personal militar en activo pueda ocupar cargos en cualquiera de los tres niveles de gobierno, dependencias públicas, organismos descentralizados o incluso empresas de participación estatal.
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Senadores de Morena defendieron la reforma. Luis Fernando Salazar destacó que el objetivo es consolidar una institución sólida que ayude a impartir justicia. Saúl Monreal ejemplificó con un decomiso por huachicoleo, resultado de seis meses de investigación e inteligencia.
Mientras tanto, legisladores del PAN, MC y PRI criticaron la aprobación del nuevo marco, acusando que esta reforma representa una clara militarización de la seguridad pública y marca el fin del Estado civil en México.
