Ciudad de México. – Con 85 votos a favor y 42 en contra, el Senado de la República avaló una reforma constitucional que incorpora la posibilidad de anular elecciones en México cuando se compruebe intervención o injerencia extranjera en los resultados.
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Reforma al artículo 41 y nuevas causales de nulidad de elecciones en México
El proyecto aprobado adiciona un inciso a la base VI del artículo 41 de la Constitución Política, alcanzando la mayoría calificada requerida. Hasta ahora, las causales de nulidad electoral se limitaban a excesos en gasto de campaña, uso indebido de recursos públicos o ilícitos, y adquisición irregular de cobertura mediática en radio y televisión.
Con la reforma, se reconoce que las nuevas formas de intervención externa pueden manifestarse mediante manipulación digital, financiamiento opaco, ciberataques o campañas de desinformación, lo que justifica la incorporación de esta causal directa de nulidad.
Reforma desata debate legislativo y posturas encontradas entre partidos
Durante la discusión en lo particular, senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron reservas para modificar el dictamen, pero fueron rechazadas por la mayoría. La oposición advirtió que los cambios podrían usarse de manera discrecional y profundizar la politización del sistema electoral.
En defensa del dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, afirmó que el proyecto tiene un propósito “profundamente democrático y patriótico”, al garantizar que las decisiones en México se tomen sin presiones ni dinero extranjero.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, subrayó que la nulidad no será automática ni discrecional, pues deberá acreditarse objetivamente la existencia de actos de injerencia extranjera, su gravedad y el impacto determinante en los resultados electorales.
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El Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma que incorpora la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral, enviando el dictamen a los congresos estatales para su análisis conforme al artículo 135 constitucional. La medida busca blindar la soberanía nacional, aunque genera debate sobre sus posibles implicaciones políticas y jurídicas.
