México.– El miércoles por la noche, el Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la reforma a la Ley de Amparo, en una sesión marcada por el debate intenso entre oficialismo y oposición. Con 76 votos a favor y 39 en contra, el dictamen fue avalado por Morena, PT y Partido Verde, y ahora será turnado a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.
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La reforma busca modernizar el juicio de amparo, hacerlo más eficiente y evitar que se utilice como herramienta para dilatar sentencias, especialmente en materia fiscal. Entre los principales cambios destacan:
- Redefinición del “interés legítimo”, que ahora podrá ser individual o colectivo, eliminando el requisito de afectación directa.
- Inclusión del juicio de amparo digital, facilitando su tramitación en línea.
- Límites a la suspensión de actos en casos de lavado de dinero, terrorismo, deuda pública y actividades sin concesión.
- Ampliación de plazos judiciales: los jueces tendrán hasta 90 días para resolver amparos indirectos.
- Reforzamiento de derechos básicos como alimentos, vivienda y salario.
Críticas y preocupaciones
La oposición —integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— denunció que la reforma debilita el acceso ciudadano a la justicia y favorece a las autoridades. Legisladores como Carolina Viggiano (PRI) y Clemente Castañeda (MC) advirtieron que se trata de una “Ley de Desamparo” que limita la defensa de causas colectivas, como la protección de ecosistemas o derechos comunitarios.
Uno de los puntos más polémicos fue la inclusión de un artículo transitorio que extiende los efectos de la reforma a casos ya en trámite, lo que fue calificado como retroactivo e inconstitucional por diversos senadores.
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El dictamen será revisado por la Cámara de Diputados, donde podría recibir ajustes antes de su eventual promulgación. Mientras tanto, organizaciones civiles, académicos y juristas han comenzado a analizar los alcances reales de esta reforma, que podría redefinir el equilibrio entre ciudadanía y poder público en México.
Esta decisión legislativa marca un momento clave para el sistema jurídico nacional, en el que se debate no solo la eficiencia del juicio de amparo, sino su papel como escudo frente a los abusos de autoridad.
