Senado aprueba el fin del Renaut

?Ciudad de México.- En su última sesión, el Senado aprobó la derogación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), y avaló crear un nuevo modelo para combatir la extorsión telefónica y otros delitos derivados en el ámbito de las telecomunicaciones. La reforma fue aprobada con 80 votos y pasó a la Cámara de Diputados para su revisión. Con esos cambios se obliga a los centros penitenciarios a tener equipo tecnológico que permita bloquear o anular las señales de telefonía móvil, dentro de su perímetro, con el fin de contrarrestar las llamadas para extorsionar a ciudadanos, y que debe ser operado por personal distinto al de la cárcel. También obliga a los concesionarios a garantizar que sus equipos cuenten con una combinación de teclas que al ser digitadas permitan a los usuarios enviar señales de auxilio, que serán recibidas en el Sistema Nacional de Atención de Emergencias, para que autoridades presten el apoyo a víctimas. El senador del PRI Rogelio Rueda reconoció que el Renaut ?nacido de una reforma impulsada por el ex senador del PRI y hoy gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez Malova? ?no sirvió para nada?, porque el gobierno no lo aplicó correctamente. Sobre la base de datos que se generó con el Renaut, en entrevista explicó que el gobierno federal podrá usar esa información para aprovecharla también en el combate a la delincuencia. El coordinador del PRD, Carlos Navarrete, coincidió en que el Renaut ?fue una mala experiencia? y pidió esperar a ver cómo funciona el nuevo modelo. Las obligaciones Como adelantó ayer EL UNIVERSAL, la reforma plasma cambios a diversas disposiciones del código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Los autores de la reforma son los senadores Alejandro González Alcocer (PAN), Tomás Torres Mercado (PRD) y Fernando Castro Trenti (PRI). En la reforma se le permite al Ministerio Público solicitar a los concesionarios del servicio de telecomunicaciones información sobre aquellos números que sean usados para delinquir. Los concesionarios están obligados a colaborar con las autoridades en la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que esté relacionada investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, a solicitud de la PGR, de procuradores estatales o de los servidores públicos con esa facultad. Con los cambios a la ley, los concesionarios tendrán un plazo de 72 horas para entregar la información requerida por la PGR o por las procuradurías de cada estado, y deberán contar con un área responsable operativamente de la colaboración con las autoridades. El pleno del Senado aprobó cambios de último minuto, a propuesta de Rogelio Rueda, con lo que se canceló la posibilidad de castigar con cárcel a quienes nieguen la información. Los concesionarios sólo serán sancionados económicamente si no obedecen a la autoridad, con multas que van de los mil a los 10 mil días de salario mínimo, es decir, 59 mil 800 pesos y 598 mil pesos, respectivamente. Las sanciones también se aplicarán a la autoridad que brinde otro uso a la información solicitada. También se eliminó un párrafo en el que se obligaba a los concesionarios a ofrecer información sobre los teléfonos de otras compañías. Los cambios propuestos por Rueda se centraron en aclarar las definiciones, por ejemplo de la ?geolocalización?. La reforma plantea reducir el robo de celulares que son usados para delinquir. Los aparatos hurtados suelen ser usados en el interior de reclusorios. En la reforma también se establece que los usuarios tendrán que aportar datos de los teléfonos robados, para que sean desactivados.