Ciudad de México.- Hablar de seguridad, desde la perspectiva de los derechos humanos, no
puede limitarse a la lucha contra la delincuencia, enfatizó el
Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, al demandar esfuerzos de
más autoridades responsables en “crear un ambiente propicio y adecuado
para la convivencia pacífica de las personas”.
“La seguridad debe poner mayor énfasis en el desarrollo de las
labores de prevención y control de los factores que generan violencia e
inseguridad, que en tareas meramente represivas o reactivas ante hechos
consumados”, expresó Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), durante la Sesión Conjunta de
la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y del
Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El Ombudsman nacional puntualizó que las políticas públicas deben
fortalecer la gobernabilidad democrática de la seguridad ciudadana.
Tendrían que basarse en consensos políticos y sociales, y dichas
acciones públicas deben ser “sometidas a evaluación y rendición de
cuentas permanentes mediante mecanismos de control internos y externos
que favorezcan la transparencia en el ejercicio de la función pública y
combatan la impunidad y corrupción”.
De esta manera, destacó el Ombudsman González Pérez, “se debe
invertir la pirámide del diseño de la estrategia de seguridad y
propugnar por la implementación del nuevo diseño constitucional en
materia de prevención del delito, el cual implica un ejercicio real y
vinculante de evaluación ciudadana respecto de las políticas públicas de
prevención del delito y de las instituciones de seguridad”.
La respuesta que el Estado dé ante la violencia “debe ir más allá de
las acciones meramente reactivas, pues hay que entender y remediar los
factores que la generan”.
La CNDH precisó que una perspectiva basada sólo en la reacción lleva
implícito el grave riesgo de avalar acciones autoritarias o alejadas de
lo previsto por las normas, lo que no puede permitirse como sociedad ni
como país. Por ello expresó que los grados de violencia que se viven
generan una nueva realidad a la que no nos debemos acostumbrar, la cual
demanda acciones responsables y compromisos inmediatos para su atención.
México, resaltó la CNDH, “cuenta con un sistema no jurisdiccional de
protección de los derechos humanos, reconocido por nuestra Constitución,
que busca ser una opción flexible, ágil, cercana a la sociedad y sujeta
a menos formalidades que las vías jurisdiccionales tradicionales, para
que las personas que han visto violentados sus derechos fundamentales
puedan acudir al mismo para que tales violaciones sean subsanadas y los
daños que se les causaron, reparados”.
Para ello, dijo González Pérez, se requiere, que las instancias de
protección y defensa de los derechos humanos cumplan sus funciones, y
“un compromiso y actuación responsable de las autoridades de los
distintos órdenes de gobierno para atender los requerimientos y
solicitudes de información que les hagan los organismos defensores de
derechos humanos, así como la aplicación irrestricta y oportuna de la
ley para sancionar a los servidores públicos que hayan violado los
derechos fundamentales y prevenir que tales hechos se repitan”.
“La voz del Ombudsman siempre llamará al diálogo, a la concordia y a
la paz. De ninguna manera busca dividir o polarizar a la sociedad ni
evitar que se aplique la ley. La CNDH siempre se pronunciará porque se
aplique la ley, sin distinción o reserva, a quien cometa un delito. No
hacerlo, violenta de nueva cuenta a las víctimas. Un Ombudsman fuerte e
independiente conviene a todos y fortalece a México. Menoscabar su
autonomía o pretender politizar su función implica un daño grave a la
vida democrática de nuestro país”, aseguró el titular de la CNDH.
Ante los responsables de la seguridad del país la CNDH urgió a la
profesionalización de los funcionarios de las instituciones de seguridad
y de quienes pertenecen a las instituciones policiales; así como al
diseño de mecanismos para el pleno respeto de los derechos de los
policías.
El Presidente de la CNDH apuntó que en un contexto de inseguridad
como el que vivimos en distintas zonas del país, los derechos humanos
deben ser el centro del quehacer institucional de todas las autoridades,
especialmente las involucradas en tareas de seguridad ciudadana,
teniendo como base y esencia la dignidad humana.
?Una postura activa del Estado en la protección y promoción de estos
derechos ?añadió? contribuye a una adecuada ejecución del combate a la
inseguridad y, además, garantiza la seguridad de las personas. Seguridad
ciudadana implica un binomio que no se contrapone: derechos humanos y
seguridad pública?.
González Pérez reiteró que los pronunciamientos y recomendaciones de
la CNDH no descalifican instituciones ni cuestionan la honorabilidad y
tradición de las mismas. Dijo que se señalan conductas de servidores
públicos que se han apartado de la conducta que les sería debida en el
desempeño de sus funciones. ?Las instituciones, al investigar y
sancionar estos hechos, se fortalecen al ratificar su compromiso con la
legalidad y nuestro marco constitucional?, concluyó.
Seguridad ciudadana no contrapone derechos humanos
"La seguridad debe poner mayor énfasis en el desarrollo de las labores de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad
Fuente: Internet