México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que los ministros no utilizarán las camionetas blindadas adquiridas recientemente, luego de la polémica generada por el alto costo de los vehículos y las críticas sobre el gasto en un contexto de exigencia de austeridad en el Poder Judicial.
El Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortíz informó que los nueve vehículos Jeep Grand Cherokee blindados, comprados para sustituir unidades de modelos 2019 y 2020, no serán usados por los ministros. En su lugar, se iniciará el proceso para devolverlos o reasignarlos a jueces y magistrados que enfrenten mayores riesgos en el ejercicio de sus funciones.
En un mensaje difundido en redes sociales, el Máximo Tribunal informó: “Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta SCJN informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable”.
Aguilar Ortíz subrayó que la medida responde a un compromiso de austeridad y transparencia, y busca atender la inconformidad ciudadana que se generó tras conocerse que cada camioneta tuvo un costo aproximado de 1.7 millones de pesos, cifra que se duplicaba con el blindaje.
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Contexto de la polémica
La adquisición de los vehículos se justificó inicialmente como una medida de seguridad para los ministros y como una forma de reducir gastos de arrendamiento y mantenimiento. Sin embargo, la revelación del costo provocó fuertes críticas en la opinión pública y en sectores políticos, que cuestionaron la congruencia del Poder Judicial con las políticas de austeridad que se demandan a las instituciones.
El anuncio de que los ministros no harán uso de las camionetas busca recuperar la confianza ciudadana y mostrar coherencia con los principios de austeridad que la SCJN asegura mantener.
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Reasignación y seguridad judicial
La Corte aclaró que los vehículos podrían ser destinados a jueces federales que enfrentan mayores riesgos de seguridad, especialmente aquellos que llevan casos relacionados con delincuencia organizada o delitos de alto impacto. De esta manera, se pretende que la inversión realizada tenga un uso justificado en la protección de quienes más lo requieren.