Repudian en San Lázaro explotación laboral a niños jornaleros

Ciudad de México.- En la Cámara de Diputados, generó eco la noticia de los niños de
origen tarahumara que eran explotados laboralmente en la zona de
Comundú, en Baja California Sur, por la empresa denominada ?El Cerezo
Sociedad Agrícola?.
El vicepresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro y diputado del
Partido Verde (PVEM), Tomás Torres, calificó como muy lamentables los
hechos y pidió que el Servicio Nacional de Empleo (SNE) vele porque que
los jornaleros mexicanos tengan condiciones de seguridad, higiene,
dignidad y salario adecuado, en especial los menores de edad.
Por su parte, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN),
Ricardo Anaya, exigió castigo contundente a los ?sinvergüenzas? que
explotaban a los niños y trabajadores agrícolas referidos.
?Es absolutamente inaceptable y lo que nosotros exigimos es un
castigo severamente ejemplar para los sinvergüenzas que estaban
explotando a estas personas. Eso es inaceptable y no basta con que haya
condenas públicas, tiene que haber sanciones verdaderamente severas para
estos sinvergüenzas explotadores?, recalcó Anaya Cortés.
El líder parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), Miguel Alonso, se pronunció a favor de que el tema se investigue
de fondo y si configura un caso de explotación y trata de personas, que
se aplique el peso de la ley.
?Pero hay que decir que acontece permanentemente. Hay lugares de mi
tierra, del mismo estado de Guanajuato, en donde se llevan a la gente,
durante temporadas largas, a Tamaulipas o a otros estados, dizque a
hacer trabajos y prácticamente están esclavizados?, apuntó.
?¿Qué se requiere? En mi opinión pues no solamente quedarse en la
denuncia o en el escándalo mediático, sino en qué medidas va a tomar la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social para efectos de que esto no
suceda, no se esté repitiendo?, planteó Alonso Raya.
El vocero con licencia de la bancada del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Héctor Gutiérrez, demandó la intervención de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las autoridades
respectivas apliquen la Ley Federal del Trabajo en sus términos, a fin
de determinar si aplican sanciones solo administrativas o penales.BS