Recomiendan tratar drogadicción con educación

Ciudad de México.- Organizaciones civiles congregadas en el Frente Mariguana Liberación en México, Coordinadora de Artistas 2011, se pronunciaron por la sustitución del trato penal y policiaco contra los consumidores de marihuana, por uno enfocado a la educación y la salud.En conferencia de prensa presentaron el Programa de Amor y Paz sin Autoritarismo ni Corrupción, en el que llaman a las autoridades a reconocer los derechos de los consumidores del enervante. Asimismo, se pronunciaron por una cultura de reintegración social, en la que existan nuevas formas de reparación del daño, reeducación y rehabilitación de los presuntos delincuentes.En su oportunidad, Javiera Pinochet Morales expuso la necesidad de establecer un diálogo con las autoridades para buscar la implementación de leyes y programas con ?observación científica e investigación, educación para la salud, prevención de adicciones o riesgos, reducción de daños y regular la producción y el comercio?.También propusieron que a diferencia de un programa de seguridad que busca proteger los bienes en lugar de a las personas, se formule uno de paz, por lo que señalaron la necesidad de erradicar el suministro de armas de Estados Unidos al crimen organizado en México.Además de capacitación y organización de la población en Consejos Ciudadanos de Prevención del Delito, en los que se vigile con la vinculación de cabildos, las legislaturas y los sectores de producción, la actuación de las policías.?Una legislación, una cultura y un sistema integral de derechos humanos en instancias policiacas, militares y judiciales, realmente humanizadas con observatorios ciudadanos y con un soporte integral de protección y apoyo a las víctimas del delito, para que se indemnicen a éstas y a sus familiares?, expusieron en dicho programa.Señalaron la necesidad de eliminar los chantajes policiacos por las faltas administrativas y sustituir los arrestos por acciones comunitarias de reparación de daños programadas en acuerdo entre gobierno y los ciudadanos transgresores de la ley con autoridades educativas o laborales.YRM