Propone diputada estímulos en educación media superior pública federal

Ciudad de México.- La diputada Ariadna Montiel Reyes impulsa una iniciativa para que los
jóvenes residentes en territorio nacional que estudien en
instituciones públicas de educación media superior reciban un estímulo
económico, el cual dependería de su desempeño escolar.
Para ello, la legisladora sin partido plantea la creación de la Ley
General de Estímulos Económicos, que establece que sería el Gobierno
federal el que brinde apoyos que se entregarían mensualmente por un
monto de entre 500 a 700 pesos por alumno.
Que quienes tengan un promedio de 6 a 7.5 de calificaciones
recibirían 500 pesos; de 7.51 a 9 se les otorgarían 600 pesos; y de 9 a
10 tendrían beneficio económico de 700 pesos.
Montiel Reyes mencionó que los estudiantes beneficiarios de esta ley
desarrollarían actividades sociales y/o comunitarias, equivalentes a
ocho horas al mes, preferentemente en la colonia donde residan, durante
la vigencia del apoyo.
La iniciativa, afirmó la legisladora, tiene el propósito evitar la
deserción escolar, la cual obedece a un conjunto de factores culturales,
sociales o económicos que impiden a los jóvenes continuar con sus
estudios.
El beneficio económico estaría dirigido de manera preferente a los
grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones
económicas y sociales en desventaja, en donde este problema se acentúa
más.
Dijo que existen evidencias de que la probabilidad para que los
jóvenes concluyan sus estudios de nivel medio superior y superior es
determinada por los niveles de marginalidad de las entidades y por la
fuerte inequidad en la distribución de las oportunidades de ingresar al
sistema escolar.
Montiel Reyes explicó que los estudiantes que solicitaran este
estímulo no tendrían que contar con beca o apoyo económico similar de
otras instituciones públicas o privadas.
Que la persona que proporcionara información falsa sobre los
requisitos para solicitar el estímulo económico o para conservarla,
pagaría una multa equivalente a 50 días de salario mínimo vigente en la
República Mexicana.
Explicó que la forma como se haría valer el estímulo sería por medio
de la verificación de la residencia, y la elaboración y actualización
permanente del padrón de beneficiarios, que sería fijado en un
reglamento.
Finalmente, destacó que el proyecto que propone establece que los
servidores públicos que no cumplieran con la obligación de actuar con
apego a los principios de igualdad, universalidad e imparcialidad,
incurrirían en falta grave y serían sancionados conforme a los
ordenamientos legales aplicables.JE