México.- Luego de que la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicara una investigación donde acusa que los empresarios gasolineros y gaseros, son obligados a pagar una cuota mensual de hasta 35 mil pesos, el titular la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), David Aguilar Romero, lo negó.
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Con relación a la historia elaborada por la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y publicada por Reforma este lunes con el encabezado “Exhiben moches a gasolineros”, aclaro:
“En Profeco rechazamos tajantemente que exista la práctica de extorsión a gasolineros o a cualquier otro proveedor cuya labor comercial esté bajo la supervisión de esta institución. En primer término, hacemos notar que la historia fue construida con testimonios anónimos – es decir, sin fuente- y la versión fantasiosa de una persona que trabajó en Profeco y cuyas funciones no tenían ninguna relación con los procesos de verificación al sector combustibles”, detalla la Profeco en un comunicado.
Además, el David Aguilar Romero aseguró que, en la actual administración, Profeco no ha tenido un solo requerimiento por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por denuncias de supuestas extorsiones a gasolineros.
En tanto, la Secretaría de la Función Pública (SFP) no ha encontrado fundamento al investigar sobre este tema ni se ha inhabilitado a servidor público alguno con motivo de esas supuestas extorsiones. Es decir, ni denuncias, ni pruebas.
Lo que sí es verdad, y se puede constatar en la FGR, es que Profeco ha interpuesto más de 400 denuncias penales contra gasolineros que roban al consumidor, dando litros incompletos.
“En la historia publicada se hace referencia a una declaración periodística del anterior secretario de Gobernación sobre supuestas denuncias de extorsión y sobre ello se hacen cálculos absurdos sobre montos cobrados; en cambio, se omite informar que ante las instancias investigadoras —FGR y SFP— no hubo tales denuncias. De hecho, Profeco cuenta con documentos de grupos empresariales de gasolineros donde dejan constancia de que tales extorsiones no existen”, dijo.
También se omite informar que los procesos de verificación de combustibles desde mayo de 2022 están a cargo de servidores públicos que fueron nombrados desde la Secretaría de Gobernación y que no son quienes se mencionan en la historia.
Tomando en cuenta que los empresarios del sector combustibles conocen a la perfección los procesos de verificación, poseen los equipos jurídicos y las herramientas necesarias para presentar denuncias, es de ingenuidad básica dar por cierto que ceden a extorsiones de personas que ni siquiera trabajan en Profeco, como se cuenta en la historia.
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“Hacemos un llamado a la organización civil MCCI y las personas que dieron testimonio en su historia a que presenten las denuncias y las sustenten con pruebas ante las autoridades correspondientes. Quien acusa está obligado a probar y si no lo hace, es evidente que su intención no es otra más que buscar el descrédito de las instituciones públicas”, recalcó
“En atención a nuestro derecho de réplica, solicito a Reforma y medios de este grupo empresarial en los que se ha dado cabida a la historia, se publique la presente, sin ediciones”, finalizó.
