?México, DF.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó denuncia penal
contra siete servidores públicos del Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes (SAE) y tres particulares por el presunto delito
de fraude, por lo que fueron inhabilitados, con multas que suman 14.5
millones de pesos y una posible condena de 13 años de cárcel.
La SFP informó que tras una auditoría, se detectó que el director de
mercadotecnia, inteligencia de mercado y evaluación del SAE Francisco
Farfán Bortolini avalaron la venta de un terreno que aloja una planta
vitivinícola en condiciones irregulares y por debajo real del inmueble
con un daño patrimonial de 4.8 millones de pesos.
La dependencia destituyó de su cargo a Farfán Bortolini con una sanción
económica de 4.8 millones de pesos, al director ejecutivo de
mercadotecnia, inteligencia de mercado y valuación Francisco Farfán
Bortolini y al coordinador de comercialización de bienes inmuebles del
SAE Gerardo Govea con la misma multa económica por la transacción
aprobada a una empresa constituida 10 días antes de la subasta.
También fue inhabilitado por 10 años el que fuera director corporativo
de mercadotecnia y comercialización José Andrés Casco, además del
apoderado legal Adrián Fajardo, quien fue suspendido por seis, pero como
trabajó al menos una quincena en la Secretaría de Hacienda en esas
condiciones, recibirá otra sanción administración.
Fernando Guadalupe Salinas, otro apoderado legal, fue suspendido por 90
días, lo mismo que el director ejecutivo de Bienes inmuebles Salvador
Morquecho de Beistegui por estar involucrados en el proceso de subasta
pública y entrega de una planta vitivinícola que permanecía bajo
custodia del SAE en Caborca, Sonora.
Dichos ex servidores públicos ofrecieron en subasta pública un terreno
de seis hectáreas y su construcción, a pesar de que señalaron que el
inmueble a subastar no contaba con servidumbre de paso ni concesión de
uso de pozo de agua, pero al concretar la venta escrituraron estos dos
conceptos.
En un principio, Banrural recibió como “dación en pago” por un adeudo de
14 millones de pesos, un inmueble de Caborca, Sonora, por lo que en la
escritura se formaliza que el inmueble incluye un terreno de 6
hectáreas, otro terreno de 15 hectáreas con servidumbre de paso,
concesión de pozo de agua y equipamiento industrial.
En la publicación de la subasta, no es especifica que el inmueble a
enajenar cuenta con las 15 hectáreas de servidumbre de paso, ni la
concesión de uso de agua, por lo que se presentó una denuncia penal ante
la PGR por administración fraudulenta que prevé carcel de tres a 12
años de prisión.
El SAE tras la subasta pública electrónica enajena el bien al único
participante, Ana Rosa Mariscal, quien solicita se escriture el inmueble
a la empresa Destiladora del Norte (Denosa), constituida 10 días antes
de la publicación de la subasta en el portal del SAE. El acta de entrega
sólo formaliza lo que fue vendido, es decir, 6 hectáreas de terreno y
construcción.
Denosa solicitó al SAE que se le escriture el predio en las condiciones
que se encuentra y como fue recibido de banobras, incluyendo las 15
hec´tareas y la concesión de uso de agua, petición que atiende el
organismo.
En la denuncia penal se añadió al administrador titular de valuación de
bienes Telmo Azorín, en tanto que los tres particulares son Leticia
Contreras Guajardo, abogada externa del SAE; Ana Rosa Mariscal Jiménez,
representante legal de Denosa y José Rubén Romero, administrador único
de Denosa.
