Guerrero.- La indignación se convirtió en acción. Al menos 85 comunidades indígenas mixtecas de Ayutla de los Libres, en la región de la Costa Chica de Guerrero, se levantaron en armas tras el asesinato de 13 policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), emboscados el pasado 17 de agosto en el poblado de El Cortijo.
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El ataque, atribuido al grupo criminal Los Ardillos, desató una movilización sin precedentes entre los pueblos que integran la UPOEG. Desde el lunes, contingentes armados recorren las localidades de Lagunillas, El Refugio y Colotepec en busca de los presuntos responsables.
Durante los operativos, fueron detenidos dos hombres y una mujer, quienes fueron entregados al Ministerio Público. Según voceros comunitarios, los hombres estarían directamente implicados en la emboscada, mientras que la mujer operaba como “halcona” y distribuía estupefacientes en la zona.
La respuesta de las comunidades no se limita a la búsqueda de justicia. Este martes, se realizarán asambleas en Lagunillas, El Refugio y Colotepec para reorganizar sus cuerpos de seguridad comunitaria, ante lo que consideran una omisión grave por parte de las autoridades federales.
“Hasta ahora no hay avances en la investigación. El gobierno federal no ha dado respuesta, y los pueblos no pueden esperar más”, denunció un vocero de la UPOEG que pidió el anonimato por seguridad.
La organización comunitaria, que opera bajo principios de autodefensa y justicia popular, ha sido clave en la resistencia de los pueblos indígenas frente a la violencia del crimen organizado. Sin embargo, el reciente ataque ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de estas comunidades y la urgencia de una respuesta institucional.
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La masacre en El Cortijo no solo arrebató la vida de 13 policías ciudadanos, sino que encendió una alarma en toda la región. Las comunidades mixtecas han dejado claro que no permitirán el avance de grupos armados en sus territorios, y que están dispuestas a defenderse con sus propios medios si el Estado no actúa.
Este levantamiento marca un nuevo capítulo en la lucha por la seguridad y la justicia en Guerrero, donde la organización comunitaria se ha convertido en el último bastión frente a la impunidad.
