Chilpancingo, Gro.-
Comunidades indígenas e integrantes de la Policía Comunitaria mantienen retenidos desde la tarde de ayer a funcionarios del Poder Judicial y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en la cabecera municipal de San Luis Acatlán,
supuestamente por agredir a esta corporación y haber transgredido los
acuerdos de coordinación en materia de impartición de justicia y
seguridad pública.
Desde las 13:00 horas del martes, pobladores de diversas comunidades
indígenas e integrantes de la Policía Comunitaria se concentraron en San
Luis Acatlán y retuvieron al juez mixto de Primera Instancia, Filomeno
Vázquez Espinoza; al secretario de Acuerdos Penales, José Luis Bernabé
Fernández; al agente del Ministerio Público, Omar Sandoval León, y al
agente auxiliar del MP, Napoleón Hernández Garibo.
A través de un comunicado, informaron que su inconformidad surgió el
martes cuando elementos de la Policía Ministerial detuvieron a su
coordinador regional de la Casa de Justicia Comunitaria de San Luis
Acatlán, Máximo Tranquilino Santiago.
También luego de conocer que la Agencia del Ministerio Público y el
Juzgado de Primera Instancia dieron curso a una averiguación previa y a
la causa penal 76/2012-II, en contra de sus coordinadores regionales,
Pablo Guzmán, Asunción Ponce Ramos, Claudio Carrasco.
De igual modo en contra de los comandantes de la Policía Comunitaria,
Melquiades Simón Santiago, Aureliano Martínez Tomas, Andrés Panuceno
Germán y Felicito Clemente Quintero, acusados de privación de la
libertad de Silvino Encarnación Gabino, vecino de la comunidad de
Yoloxochitl, quien fue detenido por este sistema comunitario por
asesinar a uno de sus vecinos.
Destacaron que durante la detención del titular del Ministerio Público,
Omar Sandoval León, le recogieron una pistola pietro beretta, calibre 9
mm. con un cargador y 4 cartuchos útiles, con la que pretendió
resistirse a la detención.
Señalaron que todos los detenidos fueron puestos a disposición de su
máxima autoridad que es la asamblea regional, mismas personas que se
encuentran en buen estado de salud y se les informó del motivo de su
detención y del procedimiento que habrá que seguir para lograr su
liberación.
Refieren que con estas acciones el gobierno del estado y el Poder
Judicial están incumpliendo los acuerdos de no agresión y de
coordinación en materia de impartición de justicia y de seguridad con el
sistema comunitario, además de transgredir la Ley Número 701 de
Reconocimiento, de derechos y cultura de los pueblos y comunidades
originarias de Guerrero, promulgada el mes de abril de 2011.
Afirmaron que estas acciones son parte de una campaña en marcha del
gobierno del estado y del gobierno federal, para hostigar y debilitar la
organización de los pueblos indígenas de Guerrero, dividir y lastimar a
sus comunidades.
Reprocharon el incumplimiento del gobierno a los acuerdos alcanzados con
la Policía Comunitaria, en los que se encontraba la dotación de 202
armas para sus elementos policiacos, “arguyendo un sinfín de requisitos,
cuando la delincuencia organizada todos los días está ampliando su
poder en las zonas indígenas”.
“Nos niega armas para la defensa de nuestras comunidades y le otorga
vehículos y equipamiento al Ejército federal, aun cuando la SEDENA
cuenta con presupuesto suficiente”, señalaron en el comunicado.
Llamaron a los pueblos y comunidades indígenas a movilizarse y demostrar
su valor y la razón que los mantiene fuertes en la defensa de sus
derechos, también pidieron la atención a las organizaciones sociales
estatales, nacionales e internacionales, para que se pronuncien en
contra de esta campaña de agresiones promovidas por el gobernador.
Para este día se convocó a los representantes del gobierno del estado,
del secretario de Gobierno, de la procuradora General de Justicia, del
magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del presidente
de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, con el fin de
destrabar el conflicto, así como para establecer claramente la relación
que habrán de seguir en lo posterior.
CHG
