?México, DF.- El procurador General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa
Nacional, Jesús Gabriel López Benítez, defendió la permanencia de las
Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia organizada, porque el
Ejército es la única institución que puede resolver el problema.
“Somos la única institución que podemos contribuir con el país en la
resolución de este problema, sostuvo en breve entrevista al término de
su intervención en el congreso internacional “Uso de la fuerza pública
en un Estado democrático de derecho”.
Durante su exposición, titulada “El Ejército y el uso de la fuerza
pública”, López Benítez rechazó los cuestionamientos a la participación
del Ejército en el combate al crimen organizado, así como las opiniones
de quienes piden que los militares regresen a sus cuarteles.
“Eso sería asumir el carácter de simples espectadores, limitándonos a
observar con impotencia como la delincuencia desgarra a nuestra sociedad
y a nuestro país”, afirmó.
Dijo que el personal militar ha sido ampliamente capacitado en el tema
de derechos humanos y está convencido de que el uso de la fuerza es el
último recurso para salvar su vida y la de los ciudadanos a quienes
deben proteger.
Sin embargo, destacó las características especiales de los grupos del
crimen organizado que operan en el país, en contra de los que no pueden
utilizarse armas no letales como el bastón eléctrico, debido a su
extremada violencia y a que utilizan armas de fuego de alto poder.
El procurador militar citó el caso de los 33 ataques en contra de
personal militar por parte de los grupos delictivos que han utilizado
lanzagranadas y lanzacohetes, entre otro armamento sofisticado, que ha
ocasionado la muerte de 12 militares, mientras otros 55 han resultado
heridos por efectos de la metralla.
En innegable, dijo, que la lucha contra al delincuencia organizada es
desigual, pues además de su armamento, sus integrantes llegan a utilizar
equipos distintivos y hasta vehículos similares a los de las fuerzas
del orden para cometer delitos como secuestros, instalar falsos puestos
de control y realizar ejecuciones.
Pese a ello, rechazó que el adiestramiento del personal militar sea
inadecuado para coadyuvar en funciones de seguridad pública, como
aseguran los críticos de la participación del Ejército en estas tareas
por considerar que s una fuente de violación a los derechos humanos.
Es incorrecto aseverar que la preparación y el adiestramiento militar
sólo esté encaminado a eliminar al enemigo o a causar daño a las
personas, por lo que no debemos participar en funciones de seguridad
pública y por tanto debemos regresar a nuestros cuartees-
López Benítez reconoció que ni la Constitución ni las leyes secundarias
contienes disposiciones para regular el uso de la fuerza, y que el
Distrito Federal es la única entidad del país con una ley especializada
sobre el tema.
Por ello, urgió al Poder Legislativo a acelerar los procesos para contar
con una normatividad que permita garantizar los derechos humanos ante
el uso de la fuerza, así como dotar al Ejército del equipamiento y
recurso materiales necesarios para equilibrar las ahora desigual lucha
contra el crimen organizado.
