Piden ONG’s una revisión proactiva de la situación humanitaria en a la ONU

Ciudad de México.- En carta abierta al Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denuncian “violaciones a
los derechos humanos generalizadas y, en ciertos casos, sistemáticas” en
México, en los últimos 9 años.
“El el país ha experimentado un aumento acelerado en los índices de
violencia e impunidad. El despliegue de miles de elementos militares
para realizar labores de seguridad pública en el marco de ‘la guerra
contra las drogas’ ha fomentado la comisión de graves violaciones a los
derechos humanos”.
“Los saldos de esta estrategia de seguridad han sido devastadores.
Desde que fuera implementada esta política de seguridad en 2006, y hasta
el momento, se tienen contabilizados: 102,696 homicidios intencionales
reportados de acuerdo al Relator Especial de Naciones Unidas sobre
ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias de los cuales al
menos 70,000 son ejecuciones extrajudiciales cometidas en el contexto de
la guerra contra el narcotráfico; 4,055 denuncias directas por tortura
ante la Procuraduría General de la República (PGR) de las cuales 1,207
son cometidas por militares; 25,821 personas desaparecidas de acuerdo al
Registro Nacional de Personas Desaparecidas; 281,418 personas
desplazadas internamente a causa de la violencia; 8,595 personas
detenidas arbitrariamente bajo la figura del arraigo tan solo a nivel
federal; 27 asesinatos y 8 casos de desaparición forzada en contra de
personas defensoras de derechos humanos de acuerdo a la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos; más de 80 periodistas asesinados y 17
desaparecidos. Adicionalmente, México ocupa el lugar 16 en la incidencia
de homicidios contra mujeres a nivel mundial y de acuerdo a datos de
las Procuradurías de Justicia de los Estados, cada día en México son
asesinadas 6 mujeres en el país”, denuncian.
“Dichas cifras revelan que México enfrenta una profunda crisis de
derechos humanos bajo la cual, no sólo se han cometido graves
violaciones a derechos humanos, sino potenciales crímenes de lesa
humanidad. Algunos ejemplos recientes son: la ejecución de 22 personas
cometida por elementos militares en Tlatlaya, Estado de México en junio
de 2014; la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes en
Ayotzinapa, Guerrero en septiembre de 2014; la ejecución extrajudicial
por fuerzas federales de 16 personas en Apatzingán, Michoacán en enero
de 2015; la ejecución por policías federales de 42 personas civiles en
Tanhuato, Michoacán en mayo de 2015; la desaparición forzada por
elementos militares de 7 personas en Calera, Zacatecas el 4 de julio de
2015, quienes fueron posteriormente encontradas sin vida; la privación
arbitraria de la vida de Edilberto Reyes García, de 12 años, en la
comunidad indígena de Ostula, Michoacán el pasado 19 de julio; el
asesinato ? todavía no esclarecido ? del periodista veracruzano Rubén
Espinosa y el feminicidio de la activista Nadia Vera, así como de
Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martín en el Distrito
Federal el pasado 31 de julio”.
Asimismo, de manera preocupante, la masacre a 72 migrantes ocurridas
en San Fernando, Tamaulipas cometida en 2010 sigue sin tener ningún
avance en la investigación, sanción de responsables y reparación del
daño de familias, a pesar de que un año después fueran encontrados 193
restos de personas en 47 fosas clandestinas en el mismo municipio. De
manera similar, no ha habido ningún esclarecimiento en relación a los 49
restos de personas, la mayoría de ellas migrantes, encontradas al borde
de la carretera en Cadereyta, Nuevo León, reclaman las organizaciones,
entre ellas las que integran la Red Nacional de Organismos Civiles
“todos los derechos para todas y todos”.
Por otro lado, resulta altamente preocupante la falta de
reconocimiento y de un diagnostico nacional confiable sobre la situación
real del país y de los desafíos que enfrenta en materia de derechos
humanos por parte del Estado mexicano. Esto se ha evidenciado en el
creciente desconocimiento de las observaciones de mecanismos
internacionales de derechos humanos por parte del Estado. En febrero de
2015, el Estado mexicano desconoció las observaciones finales del Comité
contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas al sostener que
las mismas, ?no correspondían con la realidad?. En marzo de 2015,
calificó el Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre
tortura, en su parte referente a México, como ?no profesional y poco
ético?.
Es importante señalar que pese a los repetidos desconocimientos por
parte del Estado mexicano en relación a las observaciones de organismos
internacionales de derechos humanos, el Gobierno mexicano no ha
presentado hasta el momento un diagnóstico, con el rigor metodológico
requerido, de la situación que enfrenta el país en materia de derechos
humanos. Por el contrario, la reacción que la actual administración ha
manifestado ante los organismos internacionales, se ha caracterizado por
la negación de la realidad y por una preocupante simulación de
?apertura al escrutinio internacional?.
Por si fuera poco, recién hemos identificado que el Estado mexicano
pretende silenciar las voces críticas y expertas en la Organización de
las Naciones Unidas, a través de la nominación de candidatos que han
servido siempre a los intereses del Estado, para integrar los mecanismos
que conforman el sistema de protección de derechos humanos de las
Naciones Unidas. Esto se manifestó en la recién y no anunciada
sustitución de la candidatura de un renombrado y prestigiado experto en
tortura (Miguel Sarre) para ser integrante del Comité contra la Tortura
(CAT) por la de un embajador en retiro (Claude Heller) quien no posee
ninguna calificación en el tema.
“Su visita al país resulta de gran relevancia en estos momentos en
los que el país atraviesa una crisis tan profunda de derechos humanos,
caracterizada por violaciones graves, generalizadas y en ciertos
contextos sistemáticas, la debilidad de las instituciones encargadas de
su promoción y defensa, incluidos los órganos de procuración e
impartición de justicia y el Sistema Ombudsman”, comentan.
Así, las agrupaciones conminan al funcionario de la ONU a asumir una
posición proactiva en el monitoreo de las violaciones a derechos humanos
y en el señalamiento público de las obligaciones del Estado en la
materia, por medio de un informe público sobre la situación de los
derechos humanos en México, para ser presentado ante los poderes del
Estado, así como ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
También le piden que fortalezca las labores de su Oficina en materia
de protección de los derechos humanos en el país, particularmente a
través del robustecimiento de sus funciones de observación. “De la misma
forma consideramos muy importante que su oficina haga pronunciamientos
públicos”, concluyen.