PGR sufre reestructuración

México.- Un proceso de reestructuración y depuración de la Procuraduría
General de la República (PGR)
caracterizó 2012, pero también la corrupción se hizo presente, no sólo en los
casos emblemáticos que se investigaron vinculados al poder de infiltración del
narcotráfico en instituciones del país o en ámbitos como la política, también
dentro de la misma dependencia, que al concluir el sexenio ha sido
diagnosticada como “desmantelada” por su nuevo titular, Jesús
Murillo Karam.
En abril de 2011, cuando Marisela Morales Ibáñez asumió la
conducción de la PGR, decidió emprender una serie de cambios institucionales
para hacer más eficiente su papel en el combate a los delitos federales, desde
la creación de 171 protocolos de actuación antes inexistentes, la incorporación
de nuevas tecnologías e instalaciones, hasta la salida de más de 50
funcionarios de todos niveles por no cumplir con el perfil del cargo o no dar
resultados. Al parecer, el tiempo fue insuficiente.
El año cierra con una evaluación negativa de la dependencia,
elaborada por el actual gobierno federal. Durante la segunda sesión
extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) que se realizó
el 17 de diciembre, Murillo Karam ofreció un diagnóstico sobre cómo recibió la
PGR: “existe una clara desvinculación entre la integración de la
investigación y su planteamiento ante las autoridades judiciales, lo que abona
brutalmente la impunidad (…) Arrastra a través de muchos años, una estructura
que no corresponde a la realidad”.
Tajante indicó que hay ausencia de objetivos generales,
permanentes, sistémicos, sin procedimientos o personal ministerial o policial
de calidad para hacer frente a una delincuencia creciente en recursos. Peor
aún: “perdimos el propósito central de la investigación (…), violentando
con frecuencia derechos fundamentales”, dijo en alusión a la utilización
recurrente del arraigo y los testigos protegidos, que hoy están bajo revisión
por mandato del presidente Enrique Peña Nieto.
Casos cuestionados
En los casos más relevantes de presunta corrupción o por la
gravedad de los ilícitos que se registraron, la actuación de la PGR y sus
métodos de investigación a lo largo de 2012 fueron seriamente cuestionados.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO), en mayo pasado arraigó al ex secretario de la Defensa
Nacional, Tomás Ángeles Dauahare y otros cinco militares coacusados, como el
general Roberto Dawe, quienes enfrentan proceso penal por presuntos nexos con
el cártel de los Beltrán Leyva, pero su defensa sostiene ante tribunales que la
acusación se basa sólo en los dichos de testigos protegidos y del ex militar
Iván Reyna Muñoz, sin más evidencias.
En la investigación contra los ex gobernadores de Tamaulipas Tomás
Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, acusados de recibir sobornos
millonarios del cártel del Golfo a cambio de protección y de lavar los recursos
ilícitos con la compra de propiedades y empresas en México y Estados Unidos,
dos de los presuntos cómplices fueron convertidos en testigos protegidos, por
lo que los abogados de los ex funcionarios aseguran que no hay más pruebas que
declaraciones.
Incluso en el último caso relevante que resolvió la PGR, la
consignación de 15 elementos de la Policía Federal, presuntamente implicados en
el ataque armado de Tres Marías, Morelos, en contra de dos diplomáticos
estadounidenses y un capitán de la Secretaría de Marina (Semar), el resultado
de las investigaciones confrontó a la dependencia con la Secretaría de
Seguridad Pública federal, ya que ésta acusó irregularidades en la integración
del expediente.
Problemas Internos
La PGR no estuvo exenta de infiltraciones del narcotráfico o de
actos de corrupción graves. En octubre pasado, se anunció la detención de
servidores públicos presuntamente ligados al cártel de Sinaloa, entre ellos
Manuel Arroyo Hernández, funcionario adscrito al Cuerpo Técnico de Control de la
SEIDO, quien según testigos protegidos entregaba información a la organización.
Meses antes fue aprehendido Juan Carlos de la Barrera Vite,
empleado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y ex funcionario
de la SEIDO, que presuntamente recibía 60 mil dólares por información de
cómplices dentro de la PGR.
Entre los cambios dentro de la PGR, estuvo la certificación de
casi 100% del personal operativo con controles de confianza, y la capacitación
de casi 8 mil de ellos para realizar juicios orales, a través del Proyecto
Diamante. Además, en noviembre se anunció la digitalización de expedientes con
el sistema “Protagon”.IN