San Luis Potosí.- Encarcelada desde octubre de 2011 por tres
supuestos delitos señalados por el Gobierno de San Luis Potosí, la
directora del portal informativo Código San Luis, María Luisa Paulín
Hernández, inició anoche una huelga de hambre en protesta por lo que
denunció como acciones de hostigamiento en su contra desde que ganó un
segundo amparo que ordenaba su liberación por falta de pruebas, en mayo
pasado.
Quien fuera directora de Comunicación Social en el gobierno estatal del
panista Marcelo de los Santos Fraga (2003-2009), fue acusada de
peculado, uso indebido de la función pública y asociación delictuosa,
aunque sus supuestos socios delictivos, dos ex empleados estatales de
nivel medio, nunca han sido detenidos.
El delito de peculado por 30 millones de pesos le fue fincado por no
licitar la publicidad adquirida a los medios en San Luis Potosí. Fue
detenida y de inmediato puesta a disposición de un juez el 18 de octubre
de 2011. A dos años de haber dejado el cargo de vocera gubernamental,
se asumió como “presa política” del gobernador Fernando Toranzo
Fernández.
El 17 de mayo pasado Paulín Hernández ganó un segundo amparo en el que
el juez ordenaba su liberación. En un amparo previo, el juez había dado a
sus acusadores la oportunidad de reponer la sentencia del juez local,
Jesús Méndez Gatica, que la encontró culpable. El Gobierno del Estado
presentó entonces un recurso de revisión en el Segundo Tribunal
Colegiado del Noveno Distrito cuyo proceso impide la liberación de la ex
funcionaria.
Alberto Martínez, esposo de la periodista, confirmó que ayer ésta fue
sacada por la fuerza de su celda y enviada a un área psiquiátrica con
presas “de alta peligrosidad”. Entonces anoche tomó la decisión de
ponerse en huelga de hambre.
En su portal, María Luisa Paulín Hernández señaló que el cambio es la
continuación de una serie de acciones de hostigamiento desde que ganó el
segundo amparo y que precisaron familiares que la visitan: le asignaron
vigilancia de una celadora por un tiempo, le hacían “cateos personales”
en donde lo único que le aseguraron fue una cafetera y ya no le
permitieron usar una computadora sin acceso a internet del mismo penal.
La periodista responsabilizó al gobernador del estado, Fernando Toranzo
Fernández, de lo que pueda ocurrirle en el área a dónde fue asignada y
en su situación en general, pues los asesinatos de al menos cuatro reos
en el interior en lo que va de este año, dos de ellos a tablazos, hacen
dudar que el Gobierno del estado tenga control de la seguridad en su
penitenciaría.
