Chilpancingo, Gro.- Las fracciones parlamentarias del Congreso local, aprobaron enviar un exhorto al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero,
en el que le demandan les informe sobre el estado en que recibió las
Secretarías estatales de Salud y de Educación, donde en ésta última la
actual titular Silvia Romero Suárez dio a conocer un faltante de siete
mil millones de pesos, resultado de una auditoría externa practicada a esa institución educativa.
El exhorto propuesto por el diputado local perredista Rutilio Vitervo
Aguilar, también contempla que el gobernador guerrerense, informe al
órgano Legislativo guerrerense, cómo recibió el resto de la
administración pública estatal que encabezó el ex gobernador Zeferino
Torreblanca Galindo, así como las respectivas auditorías practicadas a
las Secretarías de Salud y de Educación.
Señala el exhorto que el requerimiento que se le hace al gobernador de
Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, es con base en que se tiene conocimiento
que esas entidades públicas estatales fueron manejadas con opacidad y
el órgano Legislativo a través de su LIX Legislatura local, “en su
función de vigilancia y fiscalización pueda tomar las decisiones
conducentes”.
Por su parte el gobernador guerrerense Ángel Aguirre Rivero,
entrevistado durante una gira de trabajo por esta capital, declaró que
su gobierno actuará conforme al resultado que de manera oficial se dé a
conocer sobre las auditorías practicadas a las Secretarías de Salud y de
Educación, “pero mi gobierno no hará una “cacería de brujas”, si hay
quien resulte responsable se actuará conforme a la ley”.
Mientras la nueva titular de la Secretaría de Educación de Guerrero
(SEG), Silvia Romero Suárez, que relevó en el cargo al ex funcionario
educativo José Luis González de la Vega, dio a conocer que ya solicitó
al Congreso de la Unión que exhorte a la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), que venga a Guerrero, a decirles dónde quedó el
faltante de los siete mil millones de pesos.
Indicó que de acuerdo con el resultado de la auditoría practicada a la
SEG, arrojó un faltante de siete mil millones de pesos, que tiene que
ver con la falta de pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), de las
cuotas al ISSSTE, del FOVISSSTE, “y muchos otros conceptos que tienen
que ver con las prestaciones sociales, y ahora será la ASF quien
investigue el destino de esos recursos considerados como desviados”.
